Santander, BBVA y CaixaBank esperan un impacto poco relevante del revés a la subida de Sociedades de Montoro

El pasado 18 de enero, el Constitucional señaló, tras una decisión tomada por unanimidad, que varias de las modificaciones introducidas en el tributo cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda vulneran el deber de contribuir a los gastos públicos.

En concreto, las modificaciones que el Constitucional declara inconstitucionales son los topes a la compensación de bases imponibles negativas, la limitación de deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles por quintas partes en cinco años.

Impacto poco relevante

Expertos, empresarios y la propia Administración consideran que el impacto de este revés judicial va a ser importante para Hacienda, si bien las mayores entidades bancarias del país creen, tras valorar de primeras el pronunciamiento, que, en su caso concreto, el impacto no será tan relevante.

"La aplicación de la sentencia en los ejercicios anteriores no tiene impacto en resultados, sin que se estime, por otra parte, un impacto relevante en la declaración del Impuesto sobre Sociedades a presentar en 2024", apunta Santander en su informe financiero anual, dado a conocer estos días con motivo de la convocatoria de su próxima junta de accionistas.

[El Constitucional tumba la subida del Impuesto de Sociedades que aprobó Montoro en 2016]

Por su parte, en el informe anual de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se indica que el banco ha realizado una "primera evaluación de la sentencia tanto en ejercicios pasados como en el ejercicio 2023" y que, "como resultado de la misma, no se esperan impactos significativos para CaixaBank".

BBVA es el único que aporta una estimación sobre el impacto. Según señala en su memoria anual, el pronunciamiento del Constitucional va ser en general positivo para su patrimonio neto.

Esto es así porque permitirá acelerar el aprovechamiento de los créditos fiscales, así como "una posible recuperación de caja por los impuestos pagados en ejercicios anteriores".

"Todo ello sujeto a las decisiones que, respecto de cada ejercicio y como parte del proceso de ejecución, adopte el grupo al respecto y sin que, en ningún caso, dicho impacto pudiera exceder de aproximadamente un 0,4% del patrimonio neto del grupo", indican desde la entidad.

[Hacienda prevé un impacto importante de la sentencia del Constitucional sobre el Impuesto de Sociedades]

Al cierre del ejercicio 2023, el patrimonio neto de la entidad se situaba en 31.691 millones de euros, por lo que el impacto de este pronunciamiento sería, como máximo, de unos 126,8 millones de euros.

Una cantidad nada despreciable, si bien, según indican desde la entidad, "los efectos de esta sentencia se derivarán de la ejecución de cada una de las reclamaciones interpuestas en relación a los ejercicios afectados, por lo que el cálculo de su impacto, tanto en lo que se refiere a la cuantificación de las magnitudes afectadas, como en lo relativo al calendario de los mismos, estará condicionado por dicho proceso de ejecución". Es decir, no se conoce aún el posible impacto real.

Hacienda espera un gran impacto

Unas consideraciones que pueden dar un respiro a Hacienda. Y es que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero admitían ya en los primeros momentos tras el pronunciamiento que la cuantía final que tendrá que desembolsar el Estado a las empresas afectadas será importante, aunque no sabían la cifra exacta.

La parte positiva de esta herencia envenenada para el Ministerio es que el propio Constitucional puso límites a los efectos de su sentencia.

Por seguridad jurídica, el pronunciamiento no obliga a Hacienda a devolver automáticamente todo el dinero recaudado indebidamente durante los últimos ocho años. Tampoco tiene efecto retroactivo, salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución.

Es decir, la sentencia sólo va a compensar y beneficiar a empresas que hubieran abierto procesos de reclamación contra el pago del Impuesto de Sociedades de estos años.