Así consta en una resolución, fechada el pasado 4 de junio, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha investigado si Ron, como presidente de la entidad financiera en dicha fecha, ocultó o sesgó información para atraer a inversores a la ampliación de capital.

Con esta decisión, el tribunal avala la decisión del juez Pedraz, que el pasado 6 de marzo ya decretó el archivo provisional de la causa por "falta de indicios de delito". Así lo había solicitado la Fiscalía.

No obstante, Cerquia Gestión SLU, Cercupenta Internacional BV y Carlos Cercadillo Cuerda —todos ellos se habían querellado contra Ron por un supuesto delito de estafa— recurrieron esta decisión.

Para Pedraz fue muy relevante para archivar la causa un informe elaborado por dos peritos del Banco de España, que descartaban la existencia de delito.

Ahora, la Sala se apoya en este dictamen para, de nuevo, decretar el sobreseimiento provisional de la investigación. 

"Del informe de los peritos del Banco de España no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían", expone el tribunal.

"Por otro lado, y en relación con puntuales disfunciones contables denunciadas por algunas partes, tampoco concurren indicios que las mismas determinen un falseamiento de la información económico-financiera que afecte a la imagen fiel de la empresa, y menos aún que hayan causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores", concluye la Sala.

Los recurrentes, no obstante, habían solicitado al juez Pedraz que ordenase la comparecencia como testigos de los dos peritos que elaboraron el informe y que recabase información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), así como del Banco Santander, que compró el Popular en 2017 cuando éste quebró.

El magistrado denegó todo ello y archivó la causa, decisión que respalda ahora la Sala. "El auto recurrido deniega la práctica de dichas diligencias porque el objeto de la causa fue tratado en el amplio informe pericial efectuado, sin que tenga que analizarse las cuestiones pretendidas por dicha representación procesal, al exceder del objeto del procedimiento", expone el tribunal, compuesto por Ana Victoria Revuelta, Javier Mariano Ballesteros y Joaquín Delgado.