Hace una década, las autoridades de la Unión Europea, tras superar la mayor crisis financiera de su historia, que estuvo a punto de llevarse por delante al euro, pusieron en marcha una ingente regulación con el objetivo de preservar la estabilidad financiera, proteger los depósitos de las familias y evitar verse obligadas a destinar de nuevo recursos públicos para rescatar entidades.

Fruto de este nuevo sistema nacieron tanto el Fondo de Garantía de Depósitos como el FUR. Mientras que el primero es de alcance nacional y está destinado a proteger a los depositantes, el segundo aplica a toda la zona euro y está diseñado para resoluciones bancarias.

Los bancos españoles, al igual que sus homólogos en otros países comunitarios, llevan años dotando estos dos fondos con miles de millones de euros y ambas huchas alcanzaron el objetivo de recursos establecido en la legislación el año pasado.

En el caso del FUR, este objetivo era del 1% de los depósitos cubiertos de las entidades de crédito y debía dotarse antes del 31 de diciembre de 2023. 

En concreto, los bancos españoles han dotado unos 7.500 millones de euros en los últimos ocho años, lo que equivale al 9,66% de los fondos totales con los que cuenta actualmente el FUR.

Estos fondos totales ascienden a 77.600 millones de euros, aportados por aproximadamente 2.777 entidades europeas, según consta en la Memoria de Actividades 2023 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

De esa cantidad, unos 1.008 millones de euros se dotaron el año pasado estaban obligadas a contribuir 125 entidades bancarias, de las que 86 eran entidades de crédito, 33 empresas de servicios de inversión y 6 sucursales establecidas en terceros países.