El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la firma del convenio para activar la adenda del Plan de Recuperación en sus líneas ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores entre el Ministerio de Economía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el pasado junio.
El Gobierno deberá alegar motivos de seguridad nacional o salud pública para tener voz en la opa de BBVA a Sabadell
- La ley no contempla la posibilidad de que el Gobierno vete la operación en la fase 2 del análisis si no lo ha hecho previamente Competencia.
- Más información: Los cuatro escenarios de la opa de BBVA a Sabadell que abre la CNMC: veto, fusión 'limpia', 'remedies' o retirada a tiempo
La opa que BBVA lanzó sobre Sabadell está a unos días de cumplir siete meses y aún hay muchas incertidumbres sobre su futuro. Principalmente, en relación con la decisión que tomará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras su análisis del impacto en competencia de la concentración entre ambos bancos, en la que el Gobierno —muy crítico con la operación— puede meter baza.
El organismo que preside Cani Fernández decidió hace algunas semanas llevar su análisis sobre la operación a fase 2, un proceso que, como contempla la legislación de Competencia, da al Consejo de Ministros la posibilidad de intervenir.
No puede hacerlo en todos los escenarios, sino que el Gobierno solamente puede hablar en dos supuestos: si la CNMC prohíbe la concentración o si la autoridad decide darle luz verde, pero con la imposición de determinadas condiciones o la aceptación de compromisos por parte de BBVA. Es decir, si la CNMC aprueba sin condiciones la operación, la decisión no llegaría a la mesa del Consejo de Ministros.
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Y, en el caso de que intervenga, el Gobierno sólo puede hacerlo en base a determinados motivos de interés general, que en todo caso deben ser diferentes al posible impacto en competencia de la operación.
En concreto, los criterios deben ser de defensa y seguridad nacional; de protección de la seguridad o salud públicas; de libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; de protección del medio ambiente; de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos o de garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Vetar o no vetar la operación
Para poder intervenir en el proceso, el ministro de Economía cuenta con un plazo de quince días, que empiezan a contar cuando el consejo de la CNMC dicta su resolución del análisis en fase 2.
La legislación contempla tres opciones para el Consejo de Ministros una vez que el titular de Economía eleva a su mesa la decisión: confirmar la resolución que emita la CNMC, autorizar la operación sin imponer condiciones o aprobarla sujeta a condiciones por motivos de interés general que sean distintos a la competencia.
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La norma no contempla la posibilidad de que el Gobierno vete la operación en la propia fase 2 del análisis de la CNMC si esta autoridad no lo ha hecho antes.
A este respecto, fuentes del sector explican a este periódico que "no está previsto que el Consejo de Ministros prohíba [la operación en esta fase] si no lo ha hecho la CNMC", aunque puntualizan que el Consejo de Ministros sí puede, dado el caso, confirmar la hipotética decisión de la autoridad de Competencia de vetarla. Eso sí, hasta la fecha, la CNMC no ha prohibido ninguna concentración.
Tendrá la última palabra
En todo caso, hay que tener en cuenta que esta fase del proceso no es la única en la que el Gobierno puede oponerse de alguna forma a la operación.
Y es que, en efecto, la legislación sobre Defensa de la Competencia da al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa —es decir, al Gobierno— la última palabra sobre la fusión (que no la opa) de ambos bancos.
Esto quiere decir que, aunque BBVA obtenga todas las autorizaciones pertinentes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede prohibirle realizar la fusión, aunque previamente haya conseguido comprarse Sabadell.
"Aunque no puede prohibir la compra, salvo por motivos que no sean de competencia, si la concentración se lleva a cabo, el Gobierno puede evitar que los dos bancos se fusionen, forzando a Sabadell a ser una filial de BBVA", recuerdan en un informe reciente de Moody's. Un escenario que desde las casas de inversión se observa como improbable.
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En este sentido, los expertos de Moody's apuntan que esta decisión de la CNMC "incrementa la probabilidad de que imponga condiciones más duras a BBVA en el proceso de concentración".
Todo a pesar de que la propia CNMC informó en la nota sucinta sobre su decisión que "la apertura de la segunda fase no prejuzga las conclusiones definitivas que la CNMC pueda alcanzar en relación con la operación de concentración".
Lo cierto es que el Gobierno ha sido bastante contrario a la operación desde el inicio. Cuando se dio a conocer que BBVA quería fusionarse con Sabadell, a finales de abril, desde el Ejecutivo se mostró tibieza, pero tras la presentación de la opa hostil subió el tono de sus críticas, llegando, incluso, a amenazar con vetarla.
