Un grupo de accionistas minoritarios de Sniace liderado por Clemente Fernández preparan una oferta para rescatar la compañía y lograr la reapertura de la fábrica de Torrelavega, según ha podido confirmar Invertia.
La oferta, a cuyos detalles ha tenido acceso este diario, contempla además la vuelta a la cotización bursátil de la compañía y que en el capital estén integrados los minoritarios de manera significativa. Esto es con, al menos, un 35% del nuevo capital.
En este sentido, se está trabajando ya con varios fondos interesados en coinvertir en la operación. Dado que el proceso se encontraba ya en fase de liquidación, se espera tener en breve una propuesta para la administración concursal, encabezada por José Luis Ramos Fortea.
La propuesta, según ha podido saber este portal, pasa también por abrir todo el centro productivo y contratar a los trabajadores necesarios para operar el complejo. En este punto, se estima que serán necesarios unos 400 empleados.
Dentro de esta declaración de intenciones, los minoritarios encabezados por su portavoz, Yago Gómez Barba, apuntan hacia "un proyecto de negocio sostenible en el tiempo que mantenga esos puestos de trabajo". Y, más que eso, se espera que la compañía pueda ser eficiente para que "cree riqueza en Cantabria y Torrelavega".
Quiebra de 310 millones
La quiebra de Sniace el pasado mes de octubre dejó tras de sí un reguero de 141,93 millones de euros de deudas. Un montante que se reparte entre los más de 300 acreedores a los que la administración concursal ha reconocido impagos. Si a esa cifra se le suman los créditos y compromisos insatisfechos de sus filiales Viscocel y Celltech, se rebasan con holgura los 310 millones de euros.
La lista de acreedores es abultada y abarca desde administraciones públicas a brókeres. En la lista reconocida por la administración concursal abundan también pymes y entidades financieras.
Dentro del primer grupo cabe mencionar los 4,89 millones de euros que se adeudan a la Agencia Tributaria, otros 1,39 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social, los casi 9,42 millones que se deben al Gobierno de Cantabria o los 298.592 euros pendientes de ingreso en las arcas del Ayuntamiento de Torrelavega, donde la empresa tenía su factoría principal que los accionistas minoritarios quieren reabrir.
Entre los acreedores que esperan la liquidación de la compañía para resarcir en lo posible lo que ahora mismo son pérdidas, aparece incluso el histórico expresidente de la propia Sniace, Blas Mezquita. El mismo que dejó la batuta de la compañía a Gema Díaz Real en enero de 2019 y al que los minoritarios atribuyeron la autoría última de una oferta para transformar parte de Torrelavega en una factoría de energías renovables.
La fábrica de Sniace en Torrelavega.
La documentación concursal a la que ha tenido acceso Invertia recoge la generación de 115,27 millones de euros de deuda impagada entre los meses de octubre de 2016 y febrero de 2020, cuando se anunció su cierre justo antes del estallido de la pandemia en Europa. Una cota que equivale a la generación de 2,88 millones de deuda al mes.
En el elenco de acreedores figuran también desde supervisores hasta consultoras, pasando por brókeres y empresas de trabajo temporal (ETT). Así, uno de los organismos públicos a los que Sniace ha dejado pagos pendientes es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se le reconoce una deuda contra la masa por 10.201 euros.
Un montante es muy cercano al que se le reconoce a la Abogacía del Estado: 10.500 euros. En el capítulo de la administración pública también figuran varios ayuntamientos y juntas vecinales.
A pesar de que Sniace quedó excluida de negociación en bolsa el pasado 13 de julio, la compañía también tiene deudas con las sociedades rectoras de los mercados españoles. Asimismo, una deuda de 1,03 millones de euros con el bróker CM Capital Markets. Además, con las consultoras financieras Intervalor Consulting Group y Toro Finance se reconocen pagos pendientes de 6.983,88 y 961.138,99 euros, respectivamente.
Accionistas relevantes
Las deudas también alcanzan a los dos accionistas de referencia de la compañía, que asumieron religiosamente su parte -y más que eso- en las sucesivas ampliaciones de capital celebradas por la compañía de energía y celulosa.
De una parte, TSK Electrónica y Electricidad, la firma cabecera del empresario Sabino García Vallina, recibe el reconocimiento de deudas contra la masa por algo más de 9 millones de euros. Además, otros 14,98 millones entre otras deudas ordinarias y subordinadas. Mientras tanto, Félix Revuelta, acumula un montante que asciende a 34.615 euros con la calificación de subordinada, mientras que su sociedad Kiluva tiene deudas pendientes a su favor por 1,1 millones.