El Gobierno de coalición y el Partido Popular han abierto un nuevo frente de batalla dialéctica y política por la posible implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad, prevista para 2024 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y todo ello mientras el déficit en conservación de estas estructuras de movilidad acumula 8.000 millones de euros.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió este miércoles en el Congreso que la activación de la medida, en cualquier caso, requiere el consenso político para salir adelante, puesto que es necesaria una reforma legal.
“Si no hay ningún consenso, no se preocupe (mirando a Pablo Casado), porque si no hay acuerdo, no saldrá; no se va a imponer nada. Lo único que hay es una reflexión, una invitación a que debatamos; que no es posible, tomamos nota también”, contestó Ábalos a las preguntas que desde la tribuna le lanzó el diputado 'popular' Andrés Lorite.
En la réplica, el diputado del PP insistió en que esta medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y enviada a Europa a través del Plan de Recuperación, algo que ningún Gobierno anterior había hecho. “No mienta más a los españoles”, dijo.
El ministro recordó que “no hay ningún plan detallado” sobre la tarificación de la red de carreteras de alta capacidad y enseñó a Andrés Lorite los planes que encargaron y analizaron gobiernos del Partido Popular en 2012 y 2018, este último publicado este miércoles por este medio. “Nosotros no hemos llegado tan lejos”, le aseguró.
El plan de Rajoy
El Gobierno de Mariano Rajoy encargó en 2018 a la entidad pública Ineco un informe "con carácter urgente" para analizar el pago por uso en las carreteras de gran capacidad en 2021.
El texto analizaba los posibles escenarios e incluso varios modelos de tarifas para vehículos pesados y ligeros con el fin de lograr la financiación del mantenimiento anual de las autopistas de peaje cuya reversión al Estado estaba prevista y de diversas inversiones en la Red de Interés General esperadas para 2021.
El ministro no quiso finalizar su intervención en el Congreso sin incidir en que el actual Gobierno liberó entre 2019 y 2020 más de mil kilómetros de peajes en España, que han ahorrado a los usuarios “1.100 millones de euros” entre los nuevos kilómetros gratis, rebajas en algunos tramos y bonificaciones a profesionales.
De hecho, al igual que durante la presentación del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia en la sede de su ministerio este mismo miércoles, Ábalos hizo hincapié en que “somos el único Gobierno de España que no ha prorrogado una concesión de autopistas”.
El ministro de Transportes, Moviliad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa, a 12 de mayo de 2021 en Madrid (España).
En la sede del ministerio, reconoció que le irrita “profundamente” que en este país “no se puede dialogar”, en referencia a la bronca matinal en el Congreso. “Los mejores informes sobre la implantación del pago por uso se han hecho con el PP y ¿ahora no quiere ni debatir? Lo fácil es apuntarse al 'no'; todos queremos no pagar”, afirmó.
Déficit de 8.000 millones
Mientras el Gobierno y el Partido Popular se tiran los trastos a la cabeza por una medida que ambos han estudiado y analizado, la conservación de la red de carreteras del Estado acumula un déficit de 8.000 millones de euros.
Además, con el fin de las concesiones anunciadas, la red pública aumenta y con ella los gastos para su mantenimiento. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, explicaba en una reciente entrevista a este medio que la tarificación de las vías de gran capacidad es “una de las reformas económicas que más sentido tiene” y que “sin medidas como el pago por uso, solo queda el recorte y el impuestazo”.
España cuenta con la mayor extensión de autovías de Europa, la tercera del mundo, y el 73% de las vías gratuitas del continente están en nuestro país. Los únicos estados con un sistema de carreteras libre son Albania, Estonia, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Ucrania. “Lo hemos incorporado al plan de reformas porque somos una excepción en el ámbito europeo”, reconoció el ministro este miércoles.