Recapitulemos: el 25 de septiembre de 2020, la Corte Internacional de Miami (ICC) hizo público un laudo. Por un lado, estaba el consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal de Panamá). Dicho consorcio, que fue el contratista encargado del diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, lo integran la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul, y la panameña Constructora Urbana (Cusa). En el otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ese 25 de septiembre, la ICC falló en contra de GUPC. En concreto, debía devolver a la ACP la cantidad de 240 millones de dólares (206 millones de euros). Al faltar basalto en la zona de obras (de hecho, el arbitraje se conoció como el del basalto), GUPC tuvo que fabricar miles de toneladas de hormigón. Además, tuvieron que acarrear piedra desde otros puntos del país. Un sobrecoste que el consorcio estimó debía pagar la ACP. No fue así.

En concreto, GUPC reclamó 463 millones de dólares (395 millones de euros). Creyeron que el fallo a su favor sería de unos 430 millones de dólares (367 millones de euros). Con anterioridad, la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) había dado la razón al consorcio en 2014. De ahí que la ACP hubiese desembolsado 244 millones de dólares (208 millones de euros).

La ACP, y ante la citada corte de Miami, había solicitado el reintegro de esos millones, más otros 21 millones de dólares (18 millones de euros). Y ganó. Un precedente que puede marcar el camino a otros dos que ambas partes tienen en marcha en la ICC. Uno, por 780 millones de dólares (666 millones de euros), y otro de 2.970 millones de dólares (2.540 millones de euros).

Aceleración

El arbitraje del Canal de Panamá es uno de tantos otros que las constructoras españolas tienen sobre la mesa. Conflictos que surgen entre las partes por diferentes motivos como retrasos en las obras, con el sobrecoste correspondiente, o por defectos en la construcción. En un porcentaje elevado, una vez abiertos, se suele llegar hasta el final. Pero hay excepciones. Algo que ha sucedido recientemente, y tras el laudo del Canal de Panamá.

Una de esas excepciones tiene como protagonista a FCC. La firma, cuyo máximo accionista es Carlos Slim, ha llegado a un acuerdo con la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS). Gracias al mismo, será un consorcio de tres firmas panameñas las que acaben finalizando la conocida como Ciudad de la Salud.

Ambas partes habían recurrido a un arbitraje internacional ante el conflicto que mantenían durante casi un año por retrasos en la construcción de cuatro hospitales. La firma del acuerdo con FCC databa de 2012, y la cantidad pactada fue de 587,5 millones de dólares (501,7 millones de euros). Los retrasos (el plazo estimado de construcción era de 36 meses) había elevado el montante hasta los 769,5 millones de dólares (657,2 millones de euros). FCC pedía 65 millones de dólares (55,5 millones de euros) por ceder el testigo en la realización de las obras.

Otra excepción tiene como protagonista a Ferrovial. La empresa presidida por Rafael del Pino ha llegado a un acuerdo con los propietarios de la autopista SH-130 de Texas (EEUU). Ambas partes han logrado un principio de acuerdo que supondrá para la firma española un desembolso adicional de 174 millones de euros. El gasto total por este conflicto es de 42,4 millones de dólares (35,8 millones de euros).

Conviene recordar que la concesionaria reclamaba a Ferrovial, uno de los dos socios que participaron en la construcción de la carretera, 119 millones de euros. El arbitraje había arrancado el 9 de marzo de 2020 y la pandemia hizo que se suspendiera temporalmente. La sociedad concesionaria estimaba que había “vicios y defectos” en la construcción.

Otra de las compañías constructoras que tiene pendientes arbitrajes de calado es OHLA (la antigua OHL). Así, la firma presidida por Luis Amodio tiene abiertas reclamaciones por valor de 1.282 millones de euros. En contra, le reclaman por un montante de 1.480,2 millones.

El más importante de todos los arbitrajes en marcha es el referente al hospital de Sidra, en Doha (Qatar). La sociedad compuesta por OHLA y Contrack Cyprus (que tienen un 55% y un 45% de la sociedad que formaron para levantar el complejo hospitalario, respectivamente) solicitan 333,71 millones de euros. En cambio, Qatar Foundation reclama 882,29 millones de euros.