Fruto de la herencia recibida de Popular, intervenido hace ya cuatro años, Santander mantiene aún provisiones por casi 50 millones de euros para afrontar las hipotéticas pérdidas derivadas de los procesos judiciales que siguen abiertos en relación con las cláusulas suelo, como revelan sus cuentas semestrales.

Más concretamente, la entidad que preside Ana Botín calcula que estos litigios heredados de Popular podrían ocasionarle unas pérdidas potenciales de, como máximo, 49,6 millones de euros, que, en todo caso, están íntegramente provisionadas.

Unidad de Reclamaciones

El banco creó una Unidad de Reclamaciones por Cláusulas Suelo para canalizar los cientos de solicitudes de los clientes afectados, que pueden dirigirse por correo postal o electrónico, y encargarse de estudiar y concluir si procede la devolución de los importes cobrados en virtud de estas cláusulas a cada cliente que lo solicite.

El banco analiza caso a caso y tanto si considera que procede la devolución como si no debe comunicárselo al cliente. En caso positivo, tiene que indicarle el importe de la devolución y este debe aceptarlo en un máximo de quince días, para lo que es válido que lo suscriba uno solo de los titulares de la hipoteca. Una vez realizados los trámites, el banco le ingresa las cantidades acordadas.

Quebradero de cabeza para la banca

Las cláusulas suelo se convirtieron en un verdadero quebradero de cabeza legal para la banca hace casi una década, cuando las demandas de clientes hipotecados llegaron al Tribunal Supremo. En mayo de 2013, el alto tribunal declaró abusivas las cláusulas suelo (es decir, las que establecían un interés mínimo a pagar por parte del titular de una hipoteca variable aunque el tipo de referencia bajara o, incluso, fuera negativo) que no se hubieran comercializado con transparencia, si bien limitó la retroactividad para las reclamaciones hasta el 9 de mayo de 2013, fecha de su pronunciamiento.

El fallo provocó una oleada de reclamaciones, que se sumaron a los cientos de demandas que ya habían presentado los clientes y que fueron a más tres años más tarde, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó el pronunciamiento, aunque fue más allá que el Supremo al establecer una retroactividad total.

El resultado fue un colapso judicial que dio lugar a dos iniciativas. Por una parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la habilitación de juzgados especializados en la resolución de procesos judiciales relacionados con cláusulas abusivas.

Por otra, el Gobierno diseñó un mecanismo extrajudicial para que los bancos pudieran resolver las reclamaciones de los clientes antes de acudir a la Justicia y efectuaran las correspondientes devoluciones. Este mecanismo ha llevado a que los bancos hayan devuelto a los clientes más de 2.000 millones de euros.

No obstante, cientos de procesos siguieron su camino en los tribunales por falta de acuerdo entre bancos y clientes sobre si procedía o no la devolución. Es por eso que algunos bancos siguen manteniendo provisiones para cubrir hipotéticas pérdidas en el caso de que los procesos judiciales de cláusulas suelo pendientes terminen con un fallo favorable al cliente.