La voz de alarma la dio la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la semana pasada. En España, durante 2021, se quedaron desiertas casi 500 licitaciones públicas, superando su valor los 230 millones de euros. Ante esta situación, el Gobierno ha reaccionado.

“Las nuevas licitaciones se van a hacer conociendo los precios de los materiales y la energía. No debería existir este problema que sí ha podido existir en 2021. Se cuenta con todos los mecanismos de la ley de contratos públicos”, han indicado fuentes gubernamentales.

Una medida que es bien vista por la patronal de la construcción. "La revisión puesta en los nuevos pliegos va a dar tranquilidad tanto al licitador como al adjudicador porque va a reequilibrar los contratos con independencia de las variaciones o vaivenes que tengan el precio de las materias primas", afirma a EL ESPAÑOL-Invertia Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC. 

Una medida que "es necesaria para poder tener una estabilidad en los contratos sobre todo a largo plazo y teniendo en cuenta la llegada de fondos europeos". Eso sí, Fernández Alén hace la siguiente matización: "Todo lo que se licite deberá ser a precios de mercado a día de hoy. Si seguimos sacando licitaciones con precio de mercado de los años 2017, 2018 o 2019 previsiblemente no se adjudicarán o quedarán desiertos esos contratos. Por tanto, el retraso en las adjudicaciones y en la ejecución de los proyectos será mucho mayor".

Desde la CNC consideran imprescindible poner en marcha un sistema de reequilibrio económico de los contratos en marcha. Pero también actualizar el cuadro de precio de los proyectos que se están licitando. "Muchos de ellos son anteriores al año 2020 y no reflejan el precio real del mercado tal y como exige la ley de contratos del sector público", señala Pedro Fernández Alen

CNC había denunciado que no se estaban adoptando las medidas oportunas por parte del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ante la escalada de precios de materias primas, materiales o energía. Igualmente, criticó la lenta tramitación burocrática de las ayudas, lo que agrava y frena la recuperación del tejido empresarial. Por todo ello, y según la última EPA, se perdieron 7.000 empleos en el sector de la construcción.

Según un estudio de CNC realizado en octubre del pasado año, el alza de precios de los materiales habría llevado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras. Desde entonces, la situación se ha agravado. De no llevarse a cabo el cambio, y en caso de que se mantuvieran los precios antiguos, la CNC advertía de que las licitaciones continuarían quedando desiertas. De ahí su confianza en que se incluyan cláusulas de revisión para poder licitar.

Fondos europeos

“Los contratos públicos no reflejan el precio real del mercado”, indicó Pedro Fernández Alen, presidente de CNC, en la presentación del estudio. Y lamentó que la ejecución de los fondos europeos esté amenazada porque los proyectos no tienen en cuenta el alza de los precios.

La patronal del sector atribuyó esta situación a unos precios desfasados, muy por debajo de la realidad del mercado. Además, no recogen el alza del coste de las materias primas. La consecuencia es una importante paralización de la obra pública en nuestro país.

Asimismo, CNC advirtió que el hecho de no tener en cuenta en los proyectos que se liciten este encarecimiento, y en los pliegos algún mecanismo de revisión de precios, se podría estar poniendo en peligro la recuperación económica del país.

En su demanda, establecer un sistema automático de reequilibrio de precios para hacer frente al sobrecoste. Debería tener en cuenta las alteraciones que pudieran surgir después de la presentación de las ofertas, tanto a la baja como al alza. Así se dotaría de estabilidad a los contratos

Asimismo, y en paralelo, introducir en los pliegos los precios de mercado, como lo exige la ley de contratos del sector público, actualizando los que aparecen en proyectos anteriores a 2020. Los proyectos son antiguos y no recogen los precios actuales.

En 2020, sólo se licitó una tercera parte (14.521 millones) de los contratos que sacaron a concurso las distintas administraciones en 2006 (46.000 millones de euros). La obra licitada de mayor cuantía que quedó desierta asciende a 37 millones de euros (está en Asturias) y la cuantía media por obra pública desierta es de 475.000 euros. En total se han contabilizado 484 obras cuya ejecución se ha quedado sin empresas que la asuman. De ellas, 35 licitaciones (el 7%) tienen un presupuesto superior al millón de euros.

Por comunidades autónomas, y de esas casi 500 obras desiertas, el mayor número corresponde a Cataluña. El agujero es de 200 licitaciones por un valor de 50 millones de euros. Por número de licitaciones paralizadas, le seguirían Galicia (96) y 20,5 millones; Andalucía (46) y 35 millones; Comunidad Valenciana (32) y 25,9 millones; y País Vasco (24) y 9,4 millones. En Canarias, en cambio, no ha quedado ninguna obra desierta.