Una de las constructoras investigadas en el 'caso Koldo' entró el pasado 14 de junio en concurso de acreedores por las deudas contraídas. Levantina, Ingeniería y Construcción SL, más conocida como LIC, había recibido con anterioridad 125 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, la mayor parte de esta cantidad mediante UTES con otras firmas, durante la etapa de José Luis Ábalos.
El empresario granadino José Ruz Martínez es accionista de esta constructora y también ejerce como gerente. Ruz fue señalado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) por su relación personal con Koldo García, exasesor de Ábalos.
La constructora, ubicada en Valencia, se encontraba en preconcurso desde finales de 2023 por la deuda contraída, vinculada en gran medida a sus problemas para cobrar los contratos que había recibido en Argelia después de haber apostado por su internacionalización. Esta falta de liquidez ya había provocado que parara varias obras.
LIC, al ser una firma española, fue castigada por Argelia tras el acercamiento de España a Marruecos y el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Argelia negó el cobró a la constructora de las obras que tenía adjudicadas en el país africano.
Finalmente, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia emitió un auto el 14 de junio declarando el concurso de acreedores en la empresa de José Ruz. Según las cuentas de LIC, la constructora ingresó 45 millones de euros en 2022, pero aún así el resultado del ejercicio fue negativo. Las adjudicaciones recibidas por LIC están siendo investigadas por la Guardia Civil y el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.
Durante los seguimientos realizados por los agentes, Ruz fue fotografiado en varias ocasiones con Koldo García. La UCO también indicó que ambos viajaron juntos a Las Palmas el 9 de febrero de 2022, sólo cuatro días antes de que el Gobierno de Canarias hiciera público un concurso de 6,5 millones de euros y que acabó ganando la constructora LIC.
Koldo García (d), junto a su abogado (i) a su salida de la Comisión del Senado en una imagen del pasado abril.
El objeto de esta adjudicación era para la reforma del edificio de la Agencia Tributaria en Canarias. La obra no ha finalizado y el contrato ya ha sido resuelto en busca de una nueva constructora.
De igual forma, también se han rescindido los contratos con LIC en otras comunidades autónomas como Baleares, donde, al igual que en Canarias, también se investigan los contratos de las mascarillas con la empresa de la trama Soluciones de Gestión.
Las adjudicaciones
LIC, yendo a concursos junto a otras empresas mediante UTES, ganó contratos públicos por valor de 125 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento durante la etapa de Ábalos. De esta cantidad, 108 millones de euros procedieron de la Dirección General de Carreteras.
Esta área estaba liderada por Javier Herrero Lizano y concedió a LIC, junto a otras empresas (Torrescamara y Ortiz construcciones), una obra por valor de 80 millones de euros en agosto de 2019. De esta cantidad, fueron 23 los millones que ingresó la constructora de José Ruz.
También recibió un contrato de 8 millones de euros en diciembre de 2020. La última de 20 millones de euros fue en mayo de 2021, también mediante una UTE de la que ingresó la mitad de la cifra total.
Entre 2018 y 2021, la empresa de Ruz ganó 18 concursos públicos del MITMA: cuatro de Adif, once de Aena y tres de Carreteras.
La Guardia Civil sitúa a Ruz como uno de los contratistas más próximos al exasesor ministerial, según los informes de los investigados incluidos en el sumario. También destaca dos transferencias que realizó a Víctor de Aldama, comisionista de las mascarillas, otra sociedad de José Ruz llamada Lopera Activa SL.
La Fiscalía Anticorrupción envió un oficio a la Agencia Tributaria el 25 de mayo de 2023 en el que solicitaba toda la información sobre José Ruz y sus empresas.
Anticorrupción exigió también un documento con toda su información tributaria, sus cuentas bancarias, sus declaraciones de impuestos, así como pagos e ingresos relacionados con arrendamientos de bienes inmuebles, entre otros datos relevantes.
En el mismo oficio, que figura en el sumario, Anticorrupción giraba al mismo tiempo una petición de la vida laboral de este empresario a la Tesorería General de la Seguridad Social.