El estallido del campo, el transporte y el metal cercan al Gobierno de Sánchez

La guerra en Ucrania ha disparado, todavía más, los precios. El precio de la energía y los carburantes protagonizan una escalada inflacionista que ha llevado a las calles a diferentes sectores. Concretamente, empresas y trabajadores del campo, del transporte y de la industria ya se están movilizando en lo que puede ser el inicio de unos meses calientes para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El detonante de toda esta tensión está en la inflación —más agravada ahora por el impacto de la guerra—. En cuestión de dos años se ha disparado del -0,8% al 7,6%, siendo verano de 2021 cuando comenzó a crecer y a generar verdaderas tensiones en el sector del campo, que este domingo sale a la calle para protestar. 

El Gobierno se enfrentará a una gran movilización del medio rural que aglutinará a asociaciones de todo tipo: Asaja, COAG, UPA, Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), Oficina Nacional de la Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) y Alianza Rural, entre otras.

Los integrantes de la movilización, que se convocó inicialmente para apoyar al mundo rural, también protestarán por la falta de precios justos y el incremento de costes de producción, especialmente de la energía. 

Un problema que viene de lejos. Concretamente desde el verano. Primero protestó el sector lácteo por los bajos precios que la distribución paga a los ganaderos. Después, en octubre —cuando el IPC era del 5,4%— fue el turno de agricultores y ganaderos.

Desde entonces, el primer eslabón de la cadena alimentaria sufre los efectos de los elevados costes de producción (subida de los precios de la energía, fitosanitarios, fertilizantes, combustible, plásticos y envases) y de los problemas de suministro. La situación ha puesto en riesgo la viabilidad de muchas de sus empresas y explotaciones. Por aquel entonces, cada dos días cierra una explotación ganadera, según cálculos de Asaja.

Además, el problema se agrava cuando los agricultores y ganaderos se encuentran con el problema de no poder repercutir en sus precios de venta los costes de producción.

Paro en el transporte

Para colmo, la huelga del transporte ha encendido aún más la situación del sector. Desde la ganadería se quejan de problemas en el suministro de pienso de animales y desde el sector pesquero de problemas para mover el pescado en lonjas como las de los puertos gallegos de Burela, Celeiro y A Coruña. 

No obstante, el encarecimiento del combustible ya había motivado que muchas flotas amarrasen sus barcos. 

Precisamente, el elevado precio del combustible y una inflación disparada en el 7,6% se encuentran entre las principales razones que han llevado a otro sector a levantarse en armas contra el Gobierno: el del transporte de mercancías por carretera. 

Se trata de unos paros convocados por un colectivo que solo representa el 10% del sector y de los que se ha desmarcado el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Es decir, el órgano con el que el Gobierno sí pactó unas medidas que frenaron el cierre patronal anunciado para las anteriores Navidades.

Sin embargo, para la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera no fue suficiente y desde el lunes convocaron un paro. Inicialmente, no se pensaba que tendría impacto por su carácter minoritario, pero que al final ha puesto contra las cuerdas a parte de la industria de gran consumo y al propio Gobierno. 

El sector lácteo, el de la aceituna de mesa, fábricas de Azucarera, o cerveceras como Estrella Galicia han anunciado la paralización de sus actividades por incidentes con los piquetes informativos. Situaciones (que el Gobierno considera "boicot a España") que están originando en el sector del consumo graves problemas de abastecimiento en supermercados y de salida de mercancías. 

La huelga está afectando también al sector de la minería. Atalaya Mining y Cobre Las Cruces, dos de las principales minas andaluzas, han avisado de que pararán su actividad de forma inminente si continúa la huelga porque falta cal, una materia fundamental en el procesamiento del mineral.

Una manifestación de ganaderos, en Lugo.

De hecho, fruto de esta huelga al Gobierno se le ha echado encima otros sectores afectados. La lista es larga: asociaciones de gran consumo, patronales de logística, cementeras, empresas de refino, siderúrgicas… Y el Ministerio de Interior ha respondido con un dispositivo de 23.500 agentes de Policía y Guardia Civil para evitar incidentes.

Con esto se pretende evitar los problemas de suministro, pero no el paro que, en principio, sigue adelante. 

Pero no son los únicos que pretenden hacer ruido. Los sindicatos tomarán las calles el 23 de marzo. CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han convocado movilizaciones para protestar contra la subida del precio de la energía y pedir la protección del empleo ante la situación generada por la guerra de Rusia contra Ucrania.

No son los únicos afectados. La industria electrointensiva también ha urgido a Pedro Sánchez a tomar medidas antes del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. En este se abordará opciones para desligar la subida de precio de la electricidad de la del gas. 

Industria parada

Los problemas ya están presentes en este sector. El alto precio de la luz y el gas está provocando que la industria eche el freno en España. Acerinox ha parado su acería, Fertiberia ha cesado su producción de urea en Palos (Huelva) y Celsa ha decidido apagar los hornos en los picos en los que la electricidad está más cara.

No son las únicas empresas que han adoptado medidas ante la tendencia al alza en los costes de producción. Arcelor Mittal ha parado temporalmente la producción en Olaberria (Guipúzcoa) y el Grupo Pamesa ha decidido aplicar a partir del 1 de abril una "tasa energética" en sus azulejos para compensar el coste del gas.

A este problema de cierres en la industria, que se están compensando con ERTE, le acompaña el problema social. Poco a poco, el desencuentro entre trabajadores y patronal en las negociaciones en los convenios colectivos se está desatando por varias zonas de España. 

Lo que temen los sindicatos es que esto lleve a movimientos sociales de alto voltaje en las calles, como sucedió en Cádiz. Las protestas ya han empezado en País Vasco y Navarra, y se teme que la temperatura en las calles aumente rápidamente en forma de disturbios.

Subidas salariales

El contexto no ayuda. El aumento de los precios triplica el de los salarios en lo que va de 2022. Además, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT aún no han cerrado un 'suelo' para las subidas salariales por convenios. 

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los agentes sociales que entren en un pacto de rentas que permita contención salarial y del reparto de los dividendos de las empresas. 

La próxima reunión para ello se celebra este lunes. Sin embargo, parece difícil que esto rebaje el malestar social causado por la inflación y, en particular, los elevados precios de la energía y de los carburantes. 

De hecho, el Ejecutivo ya ha anunciado que no tomará ninguna medida para rebajar los costes de energía y combustibles hasta el Consejo de Ministros del 29 de marzo. En cambio, mientras tanto, países como Francia e Italia ya han anunciado una reducción de la fiscalidad de sus carburantes.