La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto el debate para regular los precios de los alimentos tras muchos meses con la inflación disparada. Se trata de una medida legalmente difícil de aplicar, por lo que ha decidido planear una reunión con las grandes distribuidoras y pactar una cesta de la compra básica. Un plan cuya inspiración ha podido encontrar en nuestro país vecino, Francia.

Hace once años, el entonces presidente del país, Nicolas Sarkozy, se reunió con las grandes superficies para que estas crearan una cesta de la compra de productos básicos a precio reducido y que las familias francesas pudieran hacer frente a la escalada de precios. Es decir, una especie de carro de la compra low cost, pero con productos que mantuvieran una buena relación calidad-precio.

Esa cesta de la compra tenía que que llevar como mínimo diez productos básicos. Entre ellos, debía haber: una pieza de carne, otra de pescado, una fruta, una verdura, un lácteo o derivados y una bebida, tal y como recogía una edición de 'Le Figaro' hace diez años.

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Carrefour fue una de las grandes cadenas que primero ofreció esta cesta. La suya estaba compuesta por un costillar bajo de ternera, medio lomo de cerdo, pescado, patatas, zanahorias, calabacín, naranjas, una baguete, requesón y un litro de zumo de naranja. ¿El precio? 18,98 euros. 

Se trata de una idea muy parecida a la que tiene Yolanda Díaz en la cabeza. "Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos (asociaciones de consumidores y la gran distribución) y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia", explicó ayer. Y detalló que se debían fijar una serie de productos, entre 20 o 30. 

El contexto de ambos países con la diferencia temporal es muy parecido también. En 2011, los alimentos en Francia acumulaban una subida anual del 2% y esta inflación alimentaria se elevó del 10% al 20% en el caso de algunos productos básicos como la harina, el café o la pasta. Ese mismo año, Sarkozy se presentó en la reunión del G20 con la idea de convencer sobre la necesidad de regular el mercado de las materias primas para frenar el alza de los precios. No lo consiguió.

Diez años después, en España la inflación actual sigue sin dar tregua. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió hasta el 10,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Hacer la cesta de compra es mucho más caro que el año pasado. En concreto, los españoles aumentaron su gasto en la cesta de la compra un 11,8% en julio, respecto al mismo mes del año pasado, según los últimos datos publicados por NielsenIQ.

Dudas y rechazo

Pero la idea de la titular de la cartera de Trabajo no ha gustado a la parte socialista del Gobierno. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución. Afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético "están llenos de lógica", si bien no es el caso de la distribución.

Tampoco ha sentado del todo bien en el propio sector. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), aseguran estar abiertos al diálogo en caso de que se les convoque a una reunión, aunque creen que la solución pasa por proponer medidas que rebajen los altos costes que también soportan las empresas de distribución.

De hecho, su director general, Ignacio Magarzo, recordó que ya han propuesto al Gobierno medidas para paliar la subida de costes, como la rebaja del IVA de los alimentos del 21% al 10% o la suspensión de algunos impuestos de forma temporal. 

Aquí también nos parecemos a nuestros vecinos de arriba. En Francia la medida de la cesta de la compra low cost no llegó a gustar entre las asociaciones de consumidores porque se dejaba en manos de los distribuidores la elección de los productos. La asociación de consumidores UFC-Que Choisir calificó la medida de "decepcionante", ya que lo que reclamaban era una regulación para reducir los márgenes de beneficio de los grandes distribuidores. 

Tampoco suscribieron el acuerdo al que llegó en 2004 Sarkozy -siendo en este caso ministro de Economía- con distribuidores y proveedores para realizar una reducción media de precios del 5% escalonada durante dos años. Al parecer el plan tenía muchas lagunas que generaron ciertas tensiones entre Leclerc e Intermarché y sus proveedores.

En definitiva, el ejemplo de Francia puede servir para inspirar otro gran acuerdo social con la firma de Yolanda Díaz. Pero todo dependerá de fijar posiciones en una reunión para la que todavía no hay fecha concreta y cuyos antecedentes tampoco son halagüeños.