El sector pesquero y el Gobierno han conseguido que Bruselas recule. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que la Comisión Europea confirmó anoche por escrito la no aplicación del reglamento sobre ecosistemas marinos vulnerables de los 0 a 400 metros de profundidad. Esto supone que la flota española de arrastre podrá mantener la actividad en 41 de las 87 áreas que habían sido vetadas.
Planas ha recalcado que esta decisión es fruto del trabajo conjunto del Gobierno de España y del sector pesquero, que había detectado incongruencias en la batimetría (profundidad) y cartografiado de las áreas inicialmente prohibidas.
Para el ministro “se trata de una buena noticia”. No obstante, España seguirá adelante con la presentación del recurso a este reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que la Comisión no ha tenido en cuenta la información científica más reciente y ha hecho una lectura parcial de las recomendaciones, extendiendo la prohibición a modalidades que no estaban incluidas en los informes científicos, como el palangre de fondo.
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La Comisión tampoco ha valorado los preceptos de la Política Pesquera Común en relación con la búsqueda del equilibrio económico, social y medioambiental.
El ministro valorado el esfuerzo conjunto del Gobierno con las asociaciones representativas del sector y las comunidades autónomas afectadas para impulsar una estrategia basada en dos pilares: firmeza en la reclamación de la anulación del reglamento y, al mismo tiempo, manteniendo el diálogo y la negociación con la Comisión Europea para la “revisión inmediata” del contenido del reglamento.
“El Gobierno entiende que entre todos debemos proteger los mares y océanos, pero tenemos que hacerlo de forma que la actividad pesquera se pueda seguir llevando a cabo, de forma respetuosa y selectiva”, ha añadido.
Menor impacto
Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohibía todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores.
En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
En total, 500 barcos españoles se verán afectados de forma directa por la propuesta. Y de forma indirecta las flotas del Cantábrico Noroeste, Cádiz y Gran Sol también lo notarán, ya que, si no se puede faenar en las zonas vulnerables, los buques españoles se tendrán que mover a estas zonas.
Ahora, con la reducción a 46 caladeros el impacto será mucho menor en la flota española.