En un momento en el que la Comisión Europea está exigiendo a España más transparencia para la gestión de los fondos de la Unión Europea, las dudas sobre las cuentas del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero amenazan con abrir un frente en la provincia de Burgos. Una situación que puede suponer un toque de atención sobre la auditoría de cuentas a la que deben estar sujetas las entidades con subvenciones públicas.
Este Consorcio, conocido por las Rutas enológicas, acaba de modificar sus estatutos para trasladar su adscripción de Aranda de Duero a Roa de Duero y depender así de este consistorio en la rendición de cuentas. Se trata de una decisión motivada, según la versión oficial, por las dificultades "burocráticas" con las que la capital de la Ribera está gestionando sus asuntos.
Sin embargo, fuentes próximas a miembros del Consorcio aseguran a este periódico que la decisión se debe a que el Ayuntamiento de Aranda ha requerido información sobre las cuentas de esta organización que nació para promocionar la Ribera del Duero como destino y que ha recibido múltiples ayudas de la Unión Europea en los últimos años.
Desde el Consorcio, un portavoz consultado por este periódico, confirma este movimiento que justifica al afirmar que "lo único que se ha modificado en los Estatutos es la entidad pública a la que queda adscrita la Ruta, pasando del Ayuntamiento de Aranda de Duero al de Roa de Duero".
"Todo consorcio debe quedar adscrito a una de las entidades públicas que lo conforman, la ley admite varios supuestos: por mayor representación territorial, por mayor aportación, por tener mayoría de votos...", añade.
Cuentas desde 2014
El actual presidente, Miguel Ángel Gayubo, tomó las riendas de la Ruta en 2015 y ahora, el Ayuntamiento se ha dirigido a él para expresar su disconformidad por el formato en el que ha presentado las cuentas desde 2014. Le pide, además, una auditoría externa para seguir gestionando subvenciones.
Por su parte, en la Ruta aseguran que el cambio se debe a que el Ayuntamiento de Aranda de Duero se rige por el modelo de contabilidad normal y la Ruta por el simplificado.
"Hasta ahora era Aranda de Duero porque cuando se hizo la adaptación del Consorcio a la ley en el año 2014 se consideró lo más operativo", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia Sara García, la gerente de la Ruta.
Para aprobar este traslado, el Consorcio ha modificado sus estatutos. Y es llamativo que ha aprovechado este cambio adscripción para retirar el punto cuatro del Artículo 24 en el que se establecía la obligación de elaborar una auditoría de cuentas cada año. Entre algunos asociados este movimiento ha levantado las sospechas sobre el uso del presupuesto de estos últimos años.
Más controles
El endurecimiento de requisitos de control del Ayuntamiento de Aranda se produce en un contexto en el que la Comisión Europea está mirando con lupa el destino de las ayudas que envía a distintos puntos de España para financiar distintos proyectos.
Sin embargo, en el caso de la Ruta del Ribera del Duero esta exigencia ha abierto un cisma interno entre quienes consideran que no se debe incrementar la transparencia y los que exigen ver el destino de cada euro del presupuesto de los últimos años.
Así, en el primer grupo estarían los que defienden que el tipo de auditoría que exige el Ayuntamiento de Aranda se suele pedir a los consorcios con presupuestos de dos millones de euros y más de 50 trabajadores. Pero la Ruta cuenta solo con dos empleados y 200.000 euros de presupuesto. Así, consideran que no deben presentar esa información requerida.
Este cambio significa que será Roa y no Aranda quien presente al Tribunal de Cuentas "un informe donde diga que el balance y presupuesto están correctos". Este Consorcio se nutre de ayudas públicas y de las aportaciones de sus asociados a través de distintas asociaciones empresariales.
Detractores y partidarios
En este contexto de desconfianza, hay asociaciones que han decidido abandonar el consejo de administración de la ruta, según aseguran a este periódico fuentes conocedoras de esta batalla interna. Otras, como Asemar, podrían hacerlo el próximo enero, según fuentes conocedoras.
Pero también hay partidarios de este cambio. "Se debe a la excesiva burocracia que ralentiza todos los procesos y hace imposible la operativa, hay que simplificar los trámites", asegura Antonio Díez, vocal de la Asociación empresarial de bodegas acogidas a la D. O. Ribera del Duero (Asebor).
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