El Gobierno francés exige a la industria bajar los precios de los productos que venden a los 'súper' antes de verano

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire ha exigido a los grandes industriales que repercutan antes del verano en los productos que venden a la distribución las caídas de precios que ya se han constatado en algunas materias primas como el trigo, en la energía y en el transporte marítimo.

"Queremos que esas rebajas de los precios mayoristas se repercutan lo más rápidamente posible, antes del verano", subrayó este martes Le Maire en una entrevista con la emisora de radio Europe 1 recogida por Efe.

El ministro explicó que ha escrito a los grandes industriales para reclamar esas reducciones y que se trata de reabrir las negociaciones comerciales con la distribución, que en otras situaciones sin la presión de la inflación se llevaban a cabo únicamente una vez al año.

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También remarcó que en los últimos meses la cotización del trigo se ha reducido a la mitad y también han bajado el precio de la energía o el de los fletes marítimos.

Se quejó de que cuando los costos de esos industriales se encarecen los transmiten de forma inmediata a sus precios finales, pero cuando disminuyen no.

Amenazó con utilizar los dispositivos a su alcance para conseguirlo, después de insistir en que su Gobierno lleva dos años "protegiendo a los consumidores" con el llamado "escudo de tarifas" para el gas y la electricidad y otros dispositivos, que es lo que a su parecer está detrás del hecho de que la inflación en Francia es una de las más bajas en Europa.

La inflación interanual en Francia se redujo al 5,6 % en marzo, 1,3 puntos menos que en febrero gracias a la ralentización de los precios de la inflación.

"Trimestre antiinflación"

Desde comienzos de marzo, la gran mayoría de los grupos de distribución en Francia aplican lo que se llama el "trimestre antiinflación" por el que venden los productos que ellos han escogido de forma voluntaria "al precio más bajo posible" a costa de sus márgenes y no de sus proveedores industriales o agricultores y bajo supervisión del Ejecutivo.

Una medida que les costará "varios cientos de millones de euros" en los tres meses de vigencia.