El Gobierno ha anunciado nuevas medidas para reaccionar a la sequía que azota al 60% del campo español. Y la factura superará los 600 millones de euros: 317,7 millones para subvencionar la contratación de pólizas de seguros agrarios y 292,7 millones que distribuirá a las comunidades autónomas para apoyar a agricultores y ganaderos.
Cantidades aprobadas en Consejo de Ministros que se suman a la orden de módulos publicada este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se recoge un recorte mínimo del 25% en el IRPF de 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos para la presente declaración.
Una medida que equivale a una reducción de la base imponible que alcanza 1.807 millones de euros, ha destacado en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Luis Planas.
En ese contexto el ministro ha desgranado las otras medidas decididas este martes. Con respecto a los seguros, se ha aprobado el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro, con un presupuesto de 317,7 millones de euros para subvencionar la contratación de pólizas este año.
La cantidad supone un incremento del 23 % con respecto a lo previsto en el convenio anterior. El ministro ha destacado que se cubrirán 410.000 pólizas y se asegurará una producción agraria por valor de 14.800 millones de euros.
Este instrumento se considera una medida de choque "fundamental" ante la sequía, dado que podrán acogerse cultivos herbáceos, el olivar o el almendro, que preocupan especialmente. También se da protección a ganadería extensiva afectada por falta o reducción de pastos, y se garantiza la producción de uva de vino.
Junto a los seguros, se distribuirán a los territorios fondos por 292,7 millones, de los que 207,9 procederán de los Presupuestos Generales y 84,8 de los fondos de recuperación europeos.
Esta partida se divide en tres líneas de ayudas. La más cuantiosa está dotada con 158,21 millones de euros que irán a programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Se trata de un crédito para la financiación de los programas de desarrollo rural y las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
También se ha autorizado el reparto de 104 millones de euros para la financiación de programas agrícolas y ganaderos. De ellos, 84,8 millones se destinarán a proyectos en materia de bioseguridad en sanidad animal y vegetal e inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular dentro del plan de recuperación.
Otros 19,2 millones de euros se destinan a programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales y de prevención y lucha contra plagas.
Finalmente, la tercera línea contempla otros 30,5 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas para distintos programas agrarios. La mayor parte, hasta 21 millones, servirán para financiar el Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) de Canarias.
Los restantes 9,5 millones se dedicarán a la financiación de la intervención del sectorial apícola, el programa de ordenación y fomento de la mejora ganadera para la conservación de la biodiversidad y el de mejora de la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción. Su reparto entre las CCAA se acordará en la próxima sectorial de Agricultura.
Flexibilidad en la PAC
A las medidas anunciadas este martes se suma la petición por carta que Planas ha remitido al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para activar la reserva de crisis de la PAC, es decir, pedir apoyo presupuestario ante la circunstancia "excepcional" que atraviesa el campo.
Una petición a la que espera que se sume Portugal, un país que atraviesa una situación "similar" a la española.
La otra petición trasladada a Bruselas es que las comunidades puedan usar las cantidades no ejecutadas de los fondos Feader. En general la misiva de Planas busca que haya una flexibilización de las normas de la PAC, algo prometido a los agricultores y ganaderos en la Mesa de Sequía de la pasada semana.
Ello se traduciría en más margen para reducir la condicionalidad del cobro de la ayuda básica de renta y sostenibilidad, algo especialmente importante en lo referido a la rotación de cultivos. El ministro ha mostrado su confianza en lograr una respuesta "pronta".