Ciclos de gas, hidroeléctricas, baterías y demanda, en la rifa de los pagos por capacidad

En muy poco tiempo, el mercado eléctrico incorporará una nueva figura que ya fue aprobada en junio del año pasado por Europa con la Directiva europea 2019/944 sobre la electricidad. Se trata de los mecanismos por capacidad, un sistema que subastará la energía necesaria para que se cubra el 100% de las necesidades de suministro eléctrico.

Esto abre la puerta a que comiencen a competir tecnologías tan dispares como los sistemas de almacenamiento, desde una central hidroeléctrica con o sin bombeo, una instalación de baterías de ion litio, o una central termosolar, hasta los ciclos combinados de gas, que hasta hace dos años tenían algo parecido, los pagos por capacidad. 

Pero no solo podrán participar tecnologías de generación. El Reglamento (UE) 2019/943 que ya está en vigor desde enero pasado también incluye la posibilidad de que la demanda pueda participar en ese concurso, ya sea desde el lado de las comunidades energéticas o los agregadores de la demanda, lo que supone un cambio radical en el modelo que se conoce hasta ahora. 

"El Reglamento 2019/943 define claramente cuál es el objetivo de los mecanismos por capacidad" explica a Invertia Javier García Breva, experto en regulación eléctrica y presidente de N2E.

"Una herramienta que afecta a todo el sistema eléctrico en general, porque además los gobiernos de cada estado miembro de la UE deberán demostrar que las subastas de capacidad que se convoquen son necesarias para la cobertura de la demanda, algo que precisamente no ocurre en España donde hay un exceso de capacidad instalada", añade. 

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Dos modelos a elegir, Francia o Reino Unido 

Aunque en España aún no se ha desarrollado esta herramienta, Transición Ecológica acaba de lanzar una consulta pública previa para conocer las propuestas de los agentes del sector y los mecanismos de capacidad ya se están desarrollando en otros países europeos.

En Reino Unido, por ejemplo, las subastas de capacidad se organizan a cuatro años vista y el operador de la red con ayuda de expertos del Gobierno determina el volumen ofertado para responder a la demanda futura.

Además, la subasta se hace bajo el prisma de neutralidad tecnológica, es decir, que ciclos combinados, hidroeléctricas o generación con diésel compiten en igualdad de condiciones.

Las renovables no participan porque son intermitentes y no responden al objetivo de contar con ellas cuando se las necesita.

En el caso de Francia se hacen siete subastas al año para el año siguiente, y cada central de generación o comercializadora tiene que decidir cuántos megavatios puede ofertar al mercado de capacidad en función de lo que prevea que se va a consumir en invierno, porque no hay que olvidar que como su principal fuente de energía es la nuclear, la mayoría de las calefacciones en Francia son eléctricas, por tanto, los picos de demanda son en la estación más fría.

En el país galo sí pueden participar las renovables, pero también las comercializadoras que actúan como agregador de la demanda y los pequeños consumidores y se utiliza un concepto que se recoge en la normativa europea: "estándar de fiabilidad" que será el que indique de forma transparente el nivel necesario de seguridad del suministro del Estado miembro.

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Proceso público y transparente

A falta que el Gobierno defina cómo se van a realizar esas subastas por capacidad, la normativa europea es clara respecto a sus características. La primera es que sean subastas temporales para no crear distorsiones innecesarias del mercado y no ir más allá de lo que sea necesario para hacer frente al problema de la cobertura.

En su artículo 21 también se señala que el proceso será transparente y no discriminatorio y aportará incentivos para que los proveedores de capacidad estén disponibles en momentos en los que se espere una gran demanda del sistema, pero que antes de hacer nada 'hasta que la Comisión haya emitido un dictamen sobre el plan de ejecución'. 

"Con este instrumento, se dejará atrás el modelo de 'capitalismo concesional' que ha habido hasta ahora en España", concluye García Breva, "concursos públicos a los que acceden las empresas y les asegura su negocio, como es el caso de los pagos por capacidad, un dinero que recibían las centrales de gas y de carbón durante años y por los que Bruselas nos abrió un expediente de infracción en 2017". 

"Ahora no solo se amplía la participación a muchos más agentes, no solo de generación sino también de oferta, y además se abaratan los costes del sistema, al haber una concurrencia competitiva de muchas tecnologías".