La industria electrointensiva española se ahoga mientras sus competidores, como los alemanes, siguen mejorando sus ratios de competitividad. El Gobierno de Angela Merkel acaba de presentar las propuestas de su partido en las que se incluye ofrecer a las empresas electrointensivas una desgravación parcial de su impuesto nacional al carbono, que podría comenzar a aplicarse en 2021, y que no se traspase el coste a sus clientes.
"Alemania y Francia lo tienen claro, tienen una industria muy potente y la apoyan y la incentivan", explican fuentes de la industria electrointensiva a Invertia, "y consiguen lo que llevamos pidiendo desde hace años, mejorar el precio eléctrico, que supone hasta el 50% de nuestros costes de producción".
En 2019, el precio de la electricidad en España fue mucho más caro que en otros países europeos como Alemania o Francia. Concretamente un 26,5% más que lo que pagó el mercado alemán o un 20,9% que el mercado francés.
"Pero también se puede poner otro ejemplo, mientras los consumidores domésticos alemanes pagan 68 €/MWh al año por los costes a las renovables, la industria 0,5 €/MWh", puntualizan.
Insisten también en recordar que "no tenemos un impuesto nacional al carbono como tal, pero tenemos el impuesto del 7% a la electricidad y otros peajes en la factura que lo encarecen muy por encima de nuestros competidores directos".
Un Estatuto sin dotación presupuestaria
De hecho, después de casi dos años esperando la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, las mismas fuentes confirman a Invertia que se vuelve a retrasar al menos hasta octubre, y que el texto definitivo es insuficiente para rebajar el precio de la luz.
"Ya sabemos por ejemplo, que el Estatuto no va a reconocer la figura del hiperelectrointensivo, porque el secretario de Industria, Raúl Blanco, así lo ha confirmado en una reunión en Asturias esta misma semana", señalan, "pero también ha dicho que se trata de un Estatuto sin dotación presupuestaria, así que de poca utilidad será".
La industria entiende que con la situación económica de este año, no haya dinero pero "el Estatuto es algo más que eso. Es un reconocimiento a un problema, una hoja de ruta para la industria para los próximos años, así que debería haber un compromiso por escrito del Gobierno que en cuanto haya presupuestos, se incorporen las medidas que ha hablado con el sector".
Y es que "la transición energética debería ir de la mano de la transición industrial, y si el Estatuto no recoge las alegaciones que ha presentado la gran industria, no hay que ponerse en ese escenario, esperamos que haya una salida alternativa", resumen.
Sin pagos por compensación indirecta de CO2
La industria necesita que el Gobierno apruebe un paquete de soluciones que ayuden a mejorar su situación. En ese paquete se incluye las ayudas por las compensaciones indirectas de CO2.
El Gobierno ya adoptó la decisión de pagar en 2019 la cuantía máxima de las compensaciones por sobrecostes eléctricos derivados de la aplicación del Comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, cerca de 275 millones de euros, pero la industria sigue sin ver ni un euro.
"Hace unas semanas salió una convocatoria para 6 millones de euros y se habló que se debería aprobar una partida de 55 millones, con la necesidad de una transferencia entre Ministerios, pero la cuantía debería ser la máxima, la que se aprobó desde Bruselas", señalan.
Reserva estratégica, ¿alternativa a la interrumpibilidad?
Otro de los problemas de la gran industria es la eliminación de la interrumpibilidad. El Gobierno en su lugar va a desarrollar otra figura, la de servicio de reserva estratégica de respuesta rápida.
Este servicio está abierto a todo tipo de instalaciones (generación, consumo y almacenamiento) y de tecnologías que no participen en el mercado de electricidad, y el dimensionamiento de la oferta mínima (1 MW) permite la participación de competidores de tamaño reducido.
"Con el cierre del carbón, sin almacenamiento y sin nuevos bombeos, entendemos que tienen que contar con la industria electrointensiva", señalan.
Sin embargo, no es un sistema que convenza a la industria porque hasta mediados del próximo año, en junio o julio, no se adjudicaría la primera subasta para adjudicar esa reserva. "Eso significa que estaremos un año completo (desde la última del sistema de interrumpibilidad) sin ningún tipo de compensación por estar disponibles para el sistema".
Los PPAs, no funcionan
Otra de las medidas propuestas por el Gobierno tampoco funciona. Se trata del Fondo de Reserva de Garantía para la industria electrointensiva, una medida que iba a permitir acompañar el desarrollo de los 'PPA' (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable.
"Es una iniciativa interesante para los industriales siempre que se ofrezcan PPAs a precios competitivos. Si lo que ofrecen está por encima de los 40 €/MWh, que es el precio del pool, o se indexan al mercado mayorista, para eso vamos al mercado y compramos la electricidad", aseguran.
Reconocen que "hay algunos firmados pero a muy pequeño volumen, pero esperamos que las próximas subastas en España tengan resultados muy parecidos a la última de Portugal".
De ser así, "podría ser interesante firmar PPAs si los precios rondan los 15-20 €/MWh, que inlcuso es un precio por encima del que se pujó en Portugal", concluyen.