APPA ve un posible conflicto que el Gobierno opere una central hidroeléctrica
La patronal de empresas renovables se personará en el plan que pretende que la central hidroeléctrica de Iruñea (Salamanca) sea de gestión pública.
5 octubre, 2020 16:16Noticias relacionadas
APPA Renovables, a través de su sección Hidráulica, se personará como parte interesada en el proyecto de la central hidroeléctrica de Irueña (Salamanca), promovido por el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA), con el objetivo de que este proyecto "no vulnere las normas de competencia y se ajuste a derecho -dado que los organismos supervisores son los propios promotores-".
En un comunicado, la asociación considera que, "a pesar de las bondades" del proyecto, no está de acuerdo con que esa "fuerte inversión" sea promovida con dinero público. Una promoción que nace de la Confederación Hidrológica del Duero (CHD), organismo supervisor de la cuenca, Por eso, "exige adoptar mecanismos de garantía para evitar el despilfarro público, daños medioambientales -quién supervisa al supervisor-, y la vulneración de los derechos de todos los productores y consumidores".
Así, valora que, si bien es cierto que el suministro eléctrico es un servicio de interés general y que las Administraciones Públicas deben velar por garantizarlo a todos los ciudadanos y empresas, "no deja de ser igualmente cierto que se trata de una actividad liberalizada en la que la participación directa de las Administraciones Públicas entraña riesgos y genera preocupación, al no someterse el proyecto al principio de libre concurrencia para elegir la mejor opción".
Por ello, APPA cree que la gestión pública de este proyecto hidráulico "puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, entre otras razones, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica, al afectar al uso común del dominio público, y, de manera importante, al tener la posibilidad el proyecto de no tributar ni devengar cánones, lo que situaría al gestor público del proyecto en una situación de ventaja competitiva contraria a la normativa europea vigente".