Con motivo del quinto aniversario de la adopción del Acuerdo de París, las organizaciones integradas en Rebelión por el Clima (plataforma de la que forma parte Greenpeace) han llevado a cabo más de 50 acciones de desobediencia civil en 27 provincias de todo el país para denunciar a Gobiernos y empresas por su negligencia climática. Estas movilizaciones se suman a las que están teniendo lugar estos días en toda Europa.

Además de a las instituciones, las organizaciones también apuntan a la responsabilidad frente a la crisis climática de grandes empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Iberia, Ecoembes, Real Madrid, Banco Santander, BBVA, Campofrio o Coren, hacia quienes se han dirigido algunas de las principales acciones.

Con pancartas en las que se leía, entre otros lemas, “Cinco años después seguimos luchando por el 1,5ºC”, grupos de activistas han derramado pintura negra simulando petróleo en las sedes de estas compañías, cuyos intentos de “lavarse de verde” (greenwashing) no son soluciones ante la emergencia climática, sino meras cortinas publicitarias que ocultan su incapacidad de alcanzar un modelo sostenible, denuncia Rebelión por el Clima.

Las organizaciones que integran la plataforma señalan que, mientras no exista una respuesta adecuada a la emergencia climática, que incluya las medidas necesarias para acabar con el consumo de combustibles fósiles, no habrá nada que celebrar. En este quinto aniversario del Acuerdo de Paris, Rebelión por el Clima solo reafirma su compromiso de seguir luchando para limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC.

Según la plataforma, la industria fósil -basada en una lógica de crecimiento ilimitado de sus beneficios- ha sido y es la principal responsable del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los Gobiernos de todo el mundo han cedido a sus presiones a lo largo de los años, anteponiendo las necesidades de esta industria al bienestar de la ciudadanía. 

Hoy, en un contexto de pandemia global sin precedentes, esas mismas empresas intentan absorber los fondos destinados a la recuperación económica ante la crisis generada por la COVID-19, sin ningún tipo de compromiso climático, ambiental o social. 

De ser así, los gobiernos y empresas estarán perpetuando el mismo modelo depredador que nos ha abocado a la emergencia climática que vivimos. Por todo ello, la sociedad civil se ve obligada a dar un paso al frente con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones y construir otro modelo más sostenible y resiliente.

“Después de cinco años, no podemos quedarnos esperando a que nuestros líderes cumplan la promesa que hicieron en París. Si seguimos permitiendo la falta de acciones de los Gobiernos, la crisis climática será incontrolable en los próximos años y provocará una degradación sin precedentes en las condiciones de vida de toda la población, especialmente en las personas más empobrecidas de los países del Sur Global. Es hora de mostrar la determinación de la sociedad civil”, señalan las organizaciones integrantes de Rebelión por el Clima.

La intención de la plataforma es enviar un mensaje claro: el tiempo de esperar acciones gubernamentales ambiciosas ante la emergencia climática se ha agotado. Es necesario un movimiento climático global capaz de desafiar el poder de la industria fósil y apostar por una transición justa hacia un modelo económico que respete los límites biofísicos del planeta.

El año 2019 marcó un máximo histórico en las emisiones globales y, a pesar de los efectos del parón provocado por la crisis de la COVID-19, en 2020 continúa la misma tendencia. Mientras tanto, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, se prevé que este año sea el tercero más cálido jamás registrado.

Desde la adopción del Acuerdo de París, protestas masivas en las calles de todo el mundo han demandado, en repetidas ocasiones, justicia climática y el cumplimiento del consenso científico de reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero. En España, sería necesaria una disminución de al menos el 55 % de las emisiones de gases invernadero antes de 2030 respecto a 1990; sin embargo, el Gobierno apuesta por una reducción de tan solo el 23v% para 2030, un objetivo muy alejado de las recomendaciones científicas.

Precisamente por esta falta de ambición climática, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón iniciaron recientemente el primer litigio climático contra un Gobierno en España. El recurso interpuesto ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo que ha dado inicio a un proceso histórico.