Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y eso es lo que ha pasado con el anuncio del Gobierno de presentar un anteproyecto de Ley para crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que financiará los costes a las renovables por parte de todos los vectores energéticos. 

Unas lo aplauden, tal y como se desprende del comunicado de AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica donde se integran Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo.

"A la espera de una lectura más detallada, valoramos de manera muy positiva el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, en cuanto que esta propuesta da coherencia al proceso de descarbonización y supone un impulso al proceso de transición energética", dicen. Pero otros sectores energéticos no tienen la misma opinión.

Sobrecostes en la factura

El nuevo Fondo, dice Aelec, garantiza la estabilidad económico-financiera del sector eléctrico para dar entrada a las inversiones de la próxima década. El principal vector energético de la descarbonización es la electricidad y servirá para reducir su coste.

"Además, facilitará un marco adecuado y estable para cumplir con los objetivos a 2030, así como ofrecer certidumbre y confianza para los procesos inversores necesarios para este transcurso, en línea con lo que se hace ya en los países de nuestro entorno".

En esta misma línea se ha pronunciado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, quien ha dado la bienvenida al anuncio de la creación del Fondo. "Creemos que se tratará de un instrumento fundamental para conseguir la descarbonización de nuestro sistema energético".

"Desde hace años, la electricidad se encuentra penalizada, pues los consumidores de electricidad han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía", ha añadido.

Las renovables, a favor

Por su parte, las asociaciones renovables también ven favorable la medida. Para UNEF, "dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores".

La asociación fotovoltaica celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo, y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual.

Para APPA Renovables, "la Transición Energética y sus costes son responsabilidad de todo el sistema energético y no debe ser sostenido únicamente por los consumidores eléctricos".

Desde la asociación, se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental, bajo el principio "quien contamina, paga", que repercuta los costes de la Transición entre todos los actores. A falta de conocer la estructura de este Fondo en detalle, la organización valora positivamente el espíritu del Anteproyecto de Ley.

También la Asociación Empresarial Eólica, AEE, considera que la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico es un aspecto irrenunciable de máxima prioridad para el sector eólico.

"Adicionalmente, la descarbonización es una necesidad y un compromiso adquirido también irrenunciable, que engloba a toda la sociedad y, por tanto, una prioridad de país. Teniendo en consideración que la electricidad es el vector óptimo para avanzar hacia la descarbonización, apostar por esquemas que garanticen ambas prioridades debe ser en sí mismo una prioridad, evitando situaciones en las que se ponga en peligro el entorno económico sostenible de la electricidad", señalan en un comunicado.

Desde el sector de la cogeneración, su patronal, ACOGEN, considera una decisión acertada y valiente para introducir cambios estructurales de un modelo del año 2012 que está agotado y que no funciona en la actualidad.

"Se hizo recaer la misma financiación en los agentes, es decir, de lo que facturan los generadores", explica a Invertia, el director general de Acogen, Javier Rodríguez. Además, "hace diez años era una situación diferente y ahora es otra. Se está dotando de un instrumento mucho más eficaz que permite un reparto más equilibrado y en consonancia con lo que se hace en Europa", ha concluido.

Más coste al consumidor

"Habrá que ver la letra pequeña pero es evidente que no hay ninguna empresa que no traslade a los precios finales un sobrecargo de más impuestos", explican a Invertia fuentes del sector energético.

Según cálculos del Ministerio, se podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos. Actualmente, el coste de pagar las renovables supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico. 

"Si se les carga a las empresas con un coste de 7.000 millones de euros, nadie se cree que no vaya a repercutir en sus clientes, al final esto es tan sencillo como las ovejas que entran por las que van saliendo", añaden. 

En su opinión, "han vendido la idea de que se va a abaratar el recibo de la luz pero no salen las cuentas, porque va a afectar al consumo de toda la sociedad". 

Otros expertos coinciden en señalar que "en realidad esta propuesta del Gobierno es un coste para el consumidor, de la factura de la luz pasará a la factura del carburante. Es como si dijéramos que pasa de tu bolsillo derecho a tu izquierdo".

De hecho, se han hecho cálculos de lo que supone que el sector de los hidrocarburos asuma un coste más. "Si las comercializadoras de carburantes tienen que repercutir unos 2.805 millones de euros anuales, grosso modo se podría decir que repostar supondría un encarecimiento de 7 céntimos de euro el litro". 

Por otro lado, se cuestionan quién debe ahora aportar económicamente al proceso de descarbonización de la industria de la refinería en España.

"En su momento, promotores privados decidieron, sin preguntar a nadie, que querían desarrollar proyectos renovables, y ahora todos tenemos que pagar esos costes. Lo normal es que se haga lo mismo con otros sectores", concluyen.