La Comisión Europea estudia tres posibles escenarios para el diseño del Mecanismo de Ajuste en Fronteras al Carbono (CBAM), más conocido como el impuesto al CO2 sobre la importación de productos de países no pertenecientes a la UE. No parece fácil, pero debe encajar con la legislación comunitaria y con la de comercio internacional. Se negociará y entrará en vigor en noviembre de 2023.

Las tres opciones son la introducción de un impuesto a la importación en general, un impuesto especial sobre los bienes intensivos en emisiones y la tercera es vincular ese impuesto con el mercado de CO2.

El estudio que va a evaluar el impacto de cada una de estas opciones está previsto que se publique en mayo de 2021, como adelanta la consultora del mercado europeo de CO2 Vertis.

Uno de los riesgos clave de la política climática, tanto para el medioambiente como para la economía, son las emisiones de CO2. Y por eso, una de las medidas que se ha convertido en la más útil es la de ese mercado de derechos de emisión que penaliza a quienes más contaminan, pero también puede provocar fugas de carbono.

Esas fugas las protagonizan sobre todo las industrias intensivas en energía. Se ven perjudicadas porque suelen tener un consumo intensivo de combustibles fósiles y por tanto, emiten mucho CO2, además de los contaminantes que se producen en los procesos de fabricación, y se ven perjudicados. Tienen que pagar por emitir lo que hace que sus productos sean menos competitivos en precios respecto a terceros países. 

Es el caso de industrias electrointensivas como Alcoa que ha ido cerrando sus fábricas en Asturias y Galicia para abrirlas en Arabia Saudí, por ejemplo. Allí produce sin ninguna restricción y después trae su producción a Europa. 

Un impuesto gradual

En la UE, el uso de aranceles al carbono sobre las importaciones de países no pertenecientes a la UE ha cobrado impulso como propuesta de solución al problema de cumplir con el Acuerdo de París, pero también porque hay un agravio comparativo entre industrias homónimas.

Es justo esperar que el CBAM se enfrente a importantes obstáculos de implementación en los próximos años. Desde la perspectiva de la eficiencia, la equidad y los desafíos técnicos, es razonable suponer que el proceso hacia su implementación total será gradual y oneroso.

Pero la determinación para aprobar esta medida es absoluta en la Comisión Europea. La creación de un CBAM se identificó en el Pacto Verde Europeo como un medio para ayudar con la transición hacia una economía más verde y sostenible.

Peligros del impuesto

Según fuentes expertas, el enfoque más probable sería probar su uso con un conjunto reducido de productos importados que son intensivos en emisiones, pero fáciles de administrar y simples de producir.

Pero este CBAM debe construirse de una manera justa y eficiente que pueda ayudarlo a evitar cualquier conflicto intencional o plausible con la ley de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y las interrupciones innecesarias de las cadenas de valor de producción.

China, en particular, aparece como un país que se vería muy afectado por los aranceles si se implementan de manera ambiciosa. Abastece a Europa, entre otros, de acero. Las contramedidas de represalia podrían eliminar fácilmente cualquier beneficio económico de los aranceles.

Otro país que tampoco vería con buenos ojos este impuesto es Rusia, conocida por sus suministros de hidrocarburos. La introducción del mecanismo de ajuste de la huella de carbono puede costar al gigante euroasiático miles de millones de euros, pero por otro lado, también podría obligarla a descarbonizarse.

Por eso, los últimos documentos con los que trabaja la Comisión Europea prevén ofrecer una alternativa a los socios extranjeros. No impondrá estas cargas si "sus ambiciones climáticas son iguales a las de Europa".

Industria intensiva

"Es una cuestión de supervivencia de nuestra industria", ha dicho Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión. "Debemos proteger a la Unión Europea contra las distorsiones de la competencia y el riesgo de fuga de carbono". 

Y una de esas industrias está estrechamente ligada a la transición energética. Las nuevas tecnologías renovables o la movilidad eléctrica necesitarán, sí o sí, de materiales que se producen en la industria primaria. 

Es el caso de las baterías para los vehículos eléctricos, que principalmente se fabrican en China. Se espera que la demanda global de celdas de batería crezca exponencialmente en los próximos años. La UE puede desempeñar un papel importante en la satisfacción de esta creciente demanda, pero necesita de la importación de estos productos. 

La situación se presenta complicada. En los próximos meses se conocerán los detalles de las propuestas que Europa tiene sobre la mesa.