La Fundación Renovables ha publicado un informe en el que se proponen diferentes líneas de actuación sobre la tarifa y el mercado eléctrico para reducir el precio de la electricidad y que esta responda al “pago por uso”, siendo transparente con los costes que la originan.
"Apostar por la electrificación en nuestro país es una tarea complicada si el precio de la electricidad continua bajo los parámetros actuales", explican en un comunicado. Para la Fundación, no es competitiva por causas regulatorias, respecto a otras energías más contaminantes a las que debe sustituir.
Por eso, pide reformar Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como adaptar el modelo marginalista en la fijación del precio del pool, sacando de la oferta las centrales que podrían disponer de un precio cerrado de largo plazo, como ha sido el caso de la reciente subasta de potencia renovable.
Fondo para la Sostenibilidad (FNSSE)
Dentro de la parte regulada, están de acuerdo con la iniciativa de la creación del Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico - FNSSE (41% de los costes regulados sobre la base de 2019), pero dejando constancia de que tiene margen de mejora.
En su opinión, hay que reducir a dos años del periodo transitorio, introducir los gravámenes por unidades físicas transparentes y comprensibles que no oculten la realidad, y exenciones pero con carácter transitorio, parcial y degresivo. También la acotación de las compensaciones, el mantenimiento de la iniciativa en el tiempo y su uso como instrumento de mejora de la sostenibilidad energética.
Otro punto a abordar es el de las partidas fijadas para la retribución de las inversiones de la distribución y el transporte de electricidad (38% de los costes regulados). Deberían aplicarse en función del servicio prestado, abriendo la posibilidad a que estas actividades las asuman los contribuyentes y no los consumidores.
Déficit de tarifa
"Proponemos trabajar para reducir la cuota de amortización de la deuda del déficit de tarifa (un 15% de los costes regulados), bien como una extensión del plazo de amortización hasta el límite de 2034", explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
Otro aparatado son los costes extra peninsulares (6% de los costes regulados). "Deberían sacarse de la tarifa e incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".
También considera que es innecesario mantener los cargos por interrumpibilidad. "Proponemos la creación de una tarifa social cuyo coste sea asumido por los contribuyentes y no por los consumidores de electricidad".
Para la Fundación Renovables, la política fiscal que existe alrededor de la electricidad y de su tratamiento como un bien de lujo en España debe ser revisada.
Por ello, proponen la reducción del IVA, al menos para los consumidores que son sujetos pasivos. Lo mismo sucede con la aplicación del impuesto de generación del 7% a las energías que no son contaminantes.