Las montañas que rodean la histórica ciudad de Cáceres albergan un preciado tesoro para la transición energética. Es considerado el segundo yacimiento de litio más grande Europa (el primero está en el norte de Portugal). Cuatro empresas, la australiana Infinity Lithium, la constructora Sacyr, el grupo alemán AMG y Grabat Energy, la murciana que prometía hace unos años 'la batería milagrosa', compiten por llevarse el gato al agua.
En total más de una decena de derechos mineros han sido solicitado a la Junta de Extremadura por estas empresas, aunque los permisos presentados por Valoriza Minería SLU, de la constructora Sacyr, forman parte del mismo proyecto de Infiinity Lithium, bajo el nombre de Tecnología Extremeña del Litio. Ambas compañías participan en un 25% y un 75% respectivamente,.
Los permisos se circunscriben solo al entorno de la ciudad de Cáceres, lo que en línea recta sumarían hasta siete kilómetros.
Ampliación de Valdeflórez
Según fuentes de la Junta de Extremadura consultadas por Invertia, la más adelantada en los trámites administrativos es Tecnología Extremeña del Litio, porque es la primera que comenzó con el proceso. De hecho, acaba de conseguir un nuevo permiso denominado "Ampliación de Valdeflórez".
Los datos se pueden consultar en el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (Sigeo), que acaba de ser actualizado para incluir que ya se encuentra vigente el permiso de investigación solicitado.
En "trámite de otorgamiento" hay varias solicitudes que corresponden a 45 cuadrículas que suman entre ellas unos 90 kilómetros cuadrados. Corresponden a proyectos de otras empresas, algunas de ellas vinculadas a Infinity Lithium, como son las iniciativas de manera independiente de Sacyr, con Valoriza Minería, o las de Castilla Mining. Su administrador único es Adrian Byass que ejerce como presidente no ejecutivo en la sociedad australiana.
El Trasquilón, el más complicado
Y mientras el camino de Infinity Lithium sigue lento pero inexorable, hay una empresa, muy conocida en el pasado por prometer una 'batería milagrosa' de grafeno, que también ve interesante invertir en minas de litio: Grabat Energy.
En 2016 esta compañía murciana prometía una revolucionaría batería con una densidad de 1.000 Wh/kg, un voltaje de 2,3v y que además no explotaba, una de las críticas que se hacen a las de ion litio, las reinas del sector. Incluso llegó a recibir 18 millones de euros del grupo chino Zheijiang Chint Electrics, que compró el 10% de la compañía.
Sin embargo, nunca se ha presentado ninguna batería de grafeno, y después de varios problemas judiciales, en marzo de 2020 la empresa anunciaba que cambiaba de dueño tras varios conflictos entre fundadores e inversores.
Ahora, su plan de explotar litio en Cáceres parece que va a seguir la misma suerte. Según fuentes del gobierno extremeño, solo en las solicitudes que ha realizado para trabajar en El Trasquilón (443 hectáreas) ya se han presentado más de 8.000 alegaciones en contra. Esto supone que se tendrá que estudiar y contestar a cada una de ellas por parte de la Administración pública, lo que tiene una sola lectura: demasiado tiempo. Y ya lleva tres años esperando.
Gigante alemán AMG
Otro que también está en la batalla por el litio es la empresa alemana AMG Lithium GmbH, filial de la multinacional AMG Advanced Metallurgical Group. Está participando de todo el proceso administrativo desde hace un año, con el nombre de 'Romolus".
Sin embargo, esta compañia, especializada en la producción de metales especiales y productos minerales de alta ingeniería, no solo busca litio. También está interesada en el estaño, tántalo, cesio y rubidio.
De las áreas en las que está interesada, muchas coiniciden con las solicitadas por Infinity Lithium, así que deberá ser la administración quien decida, si se da luz verde a la concesión, a quien se la dan.
"El proceso para conseguir una concesión minera está recogido en la Ley de Minas y es muy escrupuloso con los controles medioambientales y sociales", concluyen las fuentes del gobierno extremeño. "Tanto es así que los plazos son muy largos y costosos, depende no solo de trámites legales sino también de que no se presenten alegaciones por parte de movimientos sociales o ecologistas, que lo retrasarían aún más".
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