La polémica judicial por el impuesto del 7% a la generación eléctrica (IVPEE) que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 ya ha llegado a su fin. No hay más que hablar una vez que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha sentenciado que es legal. Es el final del camino.

Una decisión esperada y no esperada a partes iguales en el sector eléctrico. España se jugaba la devolución de entre 10.000 millones y 15.000 millones de euros que habían pagado las eléctricas. La sentencia concluye que el IVPEE respeta plenamente las normas de la UE. 

"Jurídicamente con la sentencia del TJUE ya no tiene más recorrido", explica a Invertia Daniel Pérez, responsable legal de la comercializadora renovable Holaluz y vicepresidente de UNEF. "Desde mi punto de vista, utiliza unos argumentos poco convincentes y tengo mis discrepancias, pero en global el resultado es positivo". 

Se refiere a que el tribunal europeo considera que es un impuesto que no constituye un impuesto indirecto que grava directa o indirectamente el consumo de electricidad. Según la sentencia no existe un vínculo directo e indisociable entre este impuesto y el consumo de electricidad. Pero "eso no es así, porque ese 7% se traslada a los precios en el mercado mayorista y por tanto, sube el precio de la electricidad", añade el abogado. 

FNSSE por IVPEE

Bajo este batiburrillo de letras se esconde un cambio normativo que podría dar lugar a la eliminación, ahora ya sí por decisiones políticas, del impuesto del 7%. De hecho, la razón por la que se aprobó en 2012 era taponar el agujero de 24.000 millones de déficit generado en los diez años anteriores por la diferencia entre los costes que se reconocían a las eléctricas y lo que el sistema ingresaba vía tarifas.

Ahora Transición Ecológica está tramitando un anteproyecto de Ley para dar certidumbre a esa sostenibilidad del sistema, lo que podría entenderse como un sistema alternativo al impuesto del 7%. 

Si sale adelante, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Energético (FNSEE) pretende financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), la parte regulada de la factura de la luz, que dejarán de formar parte de ella, y con ella, una buena parte de los costes del sistema. Sin embargo, ya no tendría la misma incidencia en el precio del pool como el IVPEE, porque esos costes se repartirían también con petroleras y gasistas.

Retribución a las renovables

En el sector había un fifty-fifty sobre cuál iba a ser la resolución del tribunal europeo. "En cierto modo, la decisión era esperable, sigue todo como estaba, y algunos han respirado tranquilos porque, si hubiera sido otra sentencia, habría creado un agujero enorme", explica a este diario José Donoso, director general de UNEF.

"Era casi esperado porque teníamos un dictamen del Abogado General que confirmaba lo que ha decidido el TJUE", añade por su parte José María González Moya, director general de APPA. "Aún así es una lástima porque sostenemos que es un impuesto injusto, que se enmarca en una legislación pseudoambiental, y que grava la generación renovable, precisamente cuando hay que impulsarla".

"Esperamos que en el futuro se elimine este impuesto porque competimos en desventaja con los precios eléctricos de nuestros países vecinos como Portugal o Francia, que no les grava la generación", concluye.  

Por último, "hay ciertas empresas que habían descontado ese impuesto del 7% cuando hicieron cálculos de rentabilidad de sus proyectos renovables en la pasada convocatoria de subasta", explican fuentes del sector eléctrico a Invertia. "Ahora no les salen las cuentas". 

Déficit del sistema

Este impuesto directo del 7% a la generación de las eléctricas se introdujo a finales de 2012, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y José Manuel Soria como ministro de Industria. El tributo acabó elevando la factura de la luz, pero sigue permitiendo recaudar todos los años unos 1.500 millones de euros.

Se trata del mismo impuesto que estuvo en el punto de mira en el año 2018 con Teresa Ribera ya como ministra de la Transición Ecológica porque el Gobierno decidió suspenderlo durante unos meses para frenar de manera temporal una escalada del precio de la electricidad.

El pasado 23 de febrero, la CNMC publicó su informe anual sobre la situación de la deuda del sistema eléctrico. Según las previsiones, el importe pendiente de cobro de la deuda del sistema finalizará en 2028.

Desde el año 2000 y hasta el ejercicio de 2013, los ingresos del sistema eléctrico español fueron insuficientes para cubrir sus costes. De esta forma, se fue generando una deuda que, a cierre de 2020, alcanzó los 14.294,32 millones de euros.