El texto prevé un calendario de cinco años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados.

Los costes del sistema eléctrico suman, con datos de 2019, unos 17.000 millones de euros al año, de los cuales 7.000 millones son para financiar renovables, cogeneración y residuos. 

Y a nadie le queda duda de que todas las comercializadoras energéticas, de la luz, gas y carburantes trasladarán ese nuevo impuesto a las facturas finales de sus clientes, los consumidores. 

Electricidad más barata

Es tan evidente ese axioma que hasta el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mariano Bacigalupo, lo incluye en sus cálculos para ver cómo va a afectar a las facturas de los diferentes suministros. 

Lo dijo en su participación en un webinar organizado por Aelec. La CNMC cuenta con que las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor y distribuidores de GLP y productos petrolíferos "trasladarán dicho coste o una parte del mismo al precio final que paga el consumidor".

Bacigalupo consideró que la modificación del mecanismo de financiación de las renovables sacará estos costes del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores eléctricos, pero "tendrá impactos y efectos redistributivos en el precio final de los consumidores de energía".

"Hemos calculado el impacto del FNSSE una vez concluido el periodo transitorio en el precio que abonarán los consumidores por los distintos productos energéticos", explica.

"En el caso de los consumidores de electricidad, la factura de un consumidor medio de baja tensión se reducirá entre un 9% y un 11%, mientras que la de un electrointensivo entre un 2% y un 5%". Y dependiendo del nivel de tensión al que estén conectados otras industrias no electrointensivas, subirá "en las tarifas 6.2, 6.3 y 6.4 hasta entre un 5-7%".

Subida del gas 

En el caso de los consumidores de gas, los importes aparecen en la Memoria del anteproyecto sobre el FNSSE de la CNMC y supone el traslado de forma inmediata y total del coste a sus consumidores. 

"Para un consumidor industrial con derecho a compensación por emisiones indirectas de CO2, subirá su factura final entre un 1,5% y un 2,7%", señala el responsable de la CNMC.

"Para los domésticos, en términos anuales, de un gasto medio de 869 euros, en 2025 será de 936 euros", un 7% más. Esto significa que, "si a día de hoy España es el séptimo país con el precio del gas más caro de Europa, para entonces seríamos el cuarto, por delante de Países Bajos e Italia, por ejemplo". 

Y la subida más exponencial la sufrirán los consumidores tipo industrial sin derecho a compensación. "Que verán incrementada su factura en un 17% e, incluso, podrían superarlo". 

Carburantes más caros

Y si el gas sube, el petróleo también. Pero en este caso, Bacigalupo presenta dos escenarios. "Menor impacto en la factura final si las aportaciones al fondo se reparten entre todos los productores, independientemente del uso final, o si las aportaciones se reparten exclusivamente entre aquellos productores computables a efectos de aportar al fondo".

En ambos escenarios, para los consumidores finales solo hay una opción: habrá que pagar más para llenar el depósito del vehículo. "En el primer escenario, subiría más de 4c€/litro de gasolina, y en el segundo serían 6c€/litro". 

Es decir, para el titular de un vehículo que consume 6 litros/100 km y que haga una media de 20.000 km/año, la subida en el primer caso sería de unos 52 euros/año más y en el segundo de 75 euros/año".

Fiscalidad ambiental 

En cualquier caso, ha defendido que es una medida "óptima a medio plazo", una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental que aplique el principio "quien contamina, paga", para que los consumidores energéticos reciban señales claras de precio con las que se incentive el abandono progresivo de las soluciones que contaminan.

Una herramienta necesaria para complementar las medidas de eficiencia energética, junto con la electrificación de la economía y la integración de las renovables.

Las petroleras y gasistas, en contra

Precisamente ayer, durante la Junta de Accionistas de Repsol, su presidente, Antonio Brufau, acusó al FNSSE como contrario al proceso de transición energética, al confundir "erróneamente electrificación con descarbonización".

Perjudica a los consumidores, "supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria". De hecho, este fondo "quiebra el principio de equidad y de neutralidad tecnológica pretendiendo alcanzar la neutralidad climática" y subrayó que es "contrario al proceso de transición energética, porque de nuevo confunde erróneamente electrificación con descarbonización".

En este sentido, defendió que el sector de los combustibles sufre ya cargas fiscales como ningún otro, pagando 200 euros por cada tonelada emitida -lo que supone una contribución de unos 11.000 millones de euros a través del Impuesto de Hidrocarburos-, y se cuestionó que igual se debería reclamar al sector eléctrico que haga frente a sus responsabilidades por las centrales de carbón.

Así, aseguró que el fondo propuesto por el Gobierno representa "un grave perjuicio a los consumidores", suponiendo "una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria".

"No es casualidad que la mayoría de los sectores industriales hayamos alzado la voz contra él. Se ha llegado a decir que este fondo es un clavo en el ataúd de la industria. Es crítico que todos pensemos en la industria, que todos escuchemos a la industria", añadió al respecto.