Los planes de salir de España por parte del grupo Alcoa se están complicando. Por un lado, la venta de su planta de San Cibrao (Lugo) a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) está estancada, y por otro, se le suman los problemas judiciales por el cambio de manos de sus plantas en A Coruña y Avilés. Actualmente, la Audiencia Nacional investiga la descapitalización de lo que se llama ahora Alu Ibérica.
"Y mientras la Xunta y el Ministerio de Industria parece que están de espectadores", explican fuentes sindicales a Invertia. "La salida de Alcoa de nuestro país comenzó con las dos plantas pequeñas y siguió con la de San Cibrao".
"Las tres partes tienen responsabilidad de lo que ocurra con las fábricas y sus trabajadores, la compañía porque tiene que hacerse cargo de su compromiso sobre la contaminación ambiental que ha generado durante décadas", añaden.
Alcoa San Cibrao, a la espera
En enero pasado, la dirección de Alcoa trasladó al comité de empresa de la planta de Cervo (Lugo), San Ciprián, una propuesta "definitiva" para negociar la venta de la factoría de aluminio a través de la SEPI.
El acuerdo incluía las negociaciones con el Ministerio de Industria y la Xunta y que estaría en vigor hasta el 30 de abril de 2021. De hecho, se esperaba que el proceso de venta estuviera finalizado en un mes o mes y medio. Las perspectivas eran buenas.
"Nada de eso ha pasado", puntualizan las mismas fuentes, "desde el Gobierno central y autonómico no hay movimiento, y aunque dicen que están esperando los informes sobre el posible comprador, la británica Liberty House, parece que no se atreven a mover ficha".
Y es que las últimas informaciones señalan que el grupo británico Liberty atraviesa graves problemas de financiación, según publica BBC News. Esas dificultades podrían impedir que adquiera la planta gallega, operación que evitaría el cierre y medio millar de despidos que pretende aplicar la multinacional estadounidense.
La principal fuente de financiación de Liberty es el grupo Greensill Capital, uno de cuyos principales asesores es el ex primer ministro británico David Cameron. El banco Credit Suisse le congela 8.200 millones de euros en fondos de inversión que estaban ligados a transacciones crediticias. Por eso, Greensill está en proceso de declararse en insolvencia en Reino Unido con el objetivo de evitar su quiebra.
"GFC es una empresa de factoring, es decir, financia la operativa de sus proveedores, analiza las facturas y se queda con una comisión por ello, eso es todo, y como el banco suizo cerró el grifo, no hay nada más detrás".
"Estamos pidiendo que se busque una industria fiable que saque adelante las tres fábricas, necesarias para la producción de aluminio reciclable", apuntan.
El aluminio en la transición energética
Uno de los eslabones imprescindibles de la cadena de valor de la transición energética es el aluminio. Según el Banco Mundial, la producción de algunos minerales debería aumentar en un 500% para 2050 para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia, pero el aluminio también estará en el ranking de los más demandados.
Por ejemplo, en una instalación fotovoltaica el 88% del material que se necesita es aluminio y un 11,2% cobre, según la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (Cofedem) y la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea).
"Las fábricas son necesarias en España, no solo por las necesidades del producto sino porque genera empleo y riqueza económica", añaden los sindicatos.
Entre las tres suman más de 1.500 empleos directos y varias comarcas gallegas y asturianas dependen de ellas. El próximo 6 de abril el Ministerio de Industria ha convocado una nueva reunión con los representantes de los trabajadores de la factoría de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao.
Alu Ibérica y la justicia
El problema de San Cibrao (Lugo) es la inacción de las autoridades públicas por participar en una solución que salve su futuro, pero en el caso de las dos fábricas de La Coruña y Avilés (Asturias), es el proceso judicial en el que están envueltas.
"Alcoa quería vender estas plantas a Grupo Riesgo, una empresa que iba a esperar dos años para declararse en quiebra y así tanto uno como otro ahorrarse 160 millones de euros en la descontaminación, que era su responsabilidad", explican.
A principios de este mes de marzo, un centenar de agentes de la Policía Nacional se presentaron en estas dos factorías por una presunta descapitalización fraudulenta, así como en oficinas de Madrid, Málaga y Castellón. El objetivo era realizar varios registros por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
"Hay que evitar que Alcoa consiga salir de España por la puerta de atrás", concluyen las fuentes, "no le puede salir gratis".