"Si se cree Alcoa que puede cerrar sus fábricas en España con la política de tierra quemada y librarse de responsabilidades, está muy equivocada. Estamos en la Unión Europea y debe cumplir con la normativa comunitaria". Así de contundentes se mostraban fuentes internas de Industria a Invertia. "Igual se piensa que está en otro país con menos capacidad para hacer cumplir las obligaciones legales de las empresas, pero esto es España, no se puede ir de rositas". 

Alcoa envió una carta donde señalaba que su voluntad es la de vender con una transacción "por un euro" a cambio de "librarse de responsabilidades, reclamaciones o procesos judiciales ulteriores".

En suma, en virtud de esa cláusula de indemnidad, todo recaería sobre el comprador, el Estado, en cuanto la multinacional americana se desprenda definitivamente del activo. Y eso no es admisible por parte de la Administración Pública. 

"La situación está paralizada", explicaban a este diario otras fuentes de la Xunta de Galicia. "No se puede decir nada más". 

Venta de la planta

En enero pasado, Alcoa anunció que "definitivamente" aceptaba la propuesta de vender la factoría de aluminio a la SEPI. El acuerdo incluía las negociaciones con el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia.

Los sindicatos esperaban que el acuerdo pudiera estar cerrado mes y medio después, o como mucho este próximo 30 de abril. Pero no hay avances. Ya hace dos semanas que señalaban a Invertia que "desde el Gobierno central y autonómico no hay movimiento, y aunque dicen que están esperando los informes sobre el posible comprador, la británica Liberty House, parece que no se atreven a mover ficha".

Este grupo atraviesa graves problemas de financiación, según publicó meses atrás BBC News. Y ciertamente, esas dificultades podrían impedir que adquiriera la planta gallega, operación que evitaría el cierre y medio millar de despidos que pretende aplicar la multinacional estadounidense.

Tribunal Supremo

Sin embargo, hay más razones. En diciembre pasado, la multinacional estadounidense recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSXG que anulaba el ERE de extinción en San Cibrao.

Y según ha podido saber este diario de esas fuentes conocedoras, el proceso está paralizado porque todavía falta esta carta por jugar: el fallo del Tribunal Supremo. 

"Conociendo los tiempos del Supremo, esperamos que como muy pronto podamos conocer la sentencia dentro de un año, y eso supone que, mientras tanto, Alcoa no puede cerrar la fábrica ni echar a los trabajadores", explican esas mismas fuentes.

"Si no hubiera presentado el recurso, este proceso no se habría dilatado en el tiempo", añaden. 

Gracias a esta prórroga que ha facilitado Alcoa sin quererlo, habrá tiempo para conocer si Liberty House es una empresa viable para dar continuidad y estabilidad a la fábrica de aluminio. 

Las mismas fuentes han confirmado que efectivamente hay "varios potenciales compradores interesados" para la planta de Alcoa y, aunque la principal y primera apuesta del Gobierno es Liberty, no descartan abrirse a buscar "otras soluciones si esta falla".

Enredo en Alu Ibérica

"Lo que no quiere el Gobierno es que Alcoa haga lo que hizo con las dos fábricas de La Coruña y Avilés (Asturias), un enredo para que cerraran las fábricas sin que se la señalara con el dedo". 

Alcoa quería vender estas plantas a Grupo Riesgo, una empresa que iba a esperar dos años para declararse en quiebra y así tanto uno como otro ahorrarse 160 millones de euros en la descontaminación de las áreas donde se encuentran las plantas. Y de ahí surgió todo el conflicto, ya judicializado, de Alu Ibérica.

"Hay que evitar que Alcoa consiga salir de España por la puerta de atrás", concluyen las fuentes, "no le puede salir gratis".  

El próximo mes se cumple un año del fatídico anuncio del ERE en la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao que afecta a 524 empleados de la planta y colateralmente a otros 400 de empresas auxiliares.