En total, de los 70.000 millones que pide a Europa en subvenciones, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera gestionará 15.339 millones de euros, el 21,95% de los fondos, que se dividirán entre transición energética justa e inclusiva (10.756 millones) y ecosistemas resilientes e infraestructuras (4.583 millones).

Sin embargo, Ribera, durante la presentación de las líneas maestras de este plan en materia de transición ecológica, ha dicho que el impulso a una economía verde también se hará desde otros ministerios, y por tanto, la inversión total será de más de 28.000 millones, el 40,29%.

"La transición ecológica y las medidas de energía y clima están presentes de forma transversal en todo el plan, con especial incidencia en algunas políticas palanca", ha dicho Ribera. 

A su vez, los más de 15.000 millones gestionados por el MITECO se reparten en actuaciones articuladas en las distintas componentes del Plan de Recuperación. La movilidad sostenible, la rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, renovables o hidrógeno verde son algunas de las líneas con mayor inversión en transición verde.

Apuesta por la energía

La Reconstrucción Verde europea se asienta sobre el pilar de una revolución energética sin precedentes, que ya está en marcha. Aún así, España quiere movilizar más de 10.000 millones de euros tanto públicos como privados para impulsar todavía más este sector. 

"Con ello el PIB aumentaría en 16.000 millones de euros al año y se crearían 250.000 empleos netos", ha explicado la vicepresidenta. Además, ha ahondado, "supondría un ahorro de 20.000 millones de euros hasta 2023 en nuestra balanza comercial por la reducción de la demanda de importación de combustibles fósiles". 

Y no faltan propuestas para repartir todas esas ayudas. Según ya adelantó este diario hace unos días, de los ocho Manifiestos de Interés que ha lanzado la cartera de Transición Ecológica, hay más de 10.000 propuestas repartidas entre Energía (unas 4.000), Medioambiente y Reto Demográfico (más de 4.000). 

"Hemos iniciado en 2021 la ejecución de 6.800 millones, el 45% de nuestros fondos, de los que el 58% serán ayudas e inversiones distribuidas por CCAA y entidades locales, el 20% serán ayudas gestionadas por el Ministerio para empresas (especialmente pymes) y ciudadanos, y el 22% restante serán inversiones a realizar directamente por el Ministerio".

El objetivo al final de 2023 es conseguir 100.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico y 250.000 nuevos vehículos eléctricos, 480.000 viviendas financiadas para rehabilitación, más de 60 GW renovables, más de 6 GW de almacenamiento, 12 Convenios de Transición Justa y más de 4 GW de electrolizadores.

Cómo se va a repartir

Aquí está lo mollar del Plan. Según ha explicado Teresa Ribera, "se repartirán las ayudas por comunidades autónomas, que serán las encargadas de gestionar que lleguen a los proyectos ganadores, pero a su vez, tendrán que cumplir los plazos, y si no es así, ese dinero volverá de nuevo al Ministerio". 

Habrá que estar presto en los hitos y hacer pronto los deberes. Si no es así, se corre el peligro de perder las ayudas y que se las lleve otra comunidad autónoma. 

Pero antes de hacer ese reparto, habrá diferentes instrumentos para la ejecución de las inversiones. Por ejemplo, con un reparto de crédito en Conferencia Sectorial o convocatorias territorializadas. El objetivo es que sean actuaciones de elevada

capilaridad y generación de empleo de proximidad. 

También podrían ser convocatorias centralizadas, es decir, actuaciones de escala estatal o multi-CCAA, para conseguir un efecto tractor en todo el territorio, o convocatorias de Proyectos singulares: convocatorias de concurrencia competitiva que seleccionen los proyectos en función de criterios de valoración ligados a empleo, tecnología o despliegue.

De ahí, es posible que sea mediante convenios de colaboración con CCAA o entidades locales o ejecución directa de proyectos de competencia estatal o en las CCAA con declaración de interés general. También inversión en I+D con compra pública precomercial, es decir, prototipos o sistemas necesarios para la competitividad en la transición energética, o inversión directa o participación en sociedades. Con esto, la Administración puede entrar en el capital social o financiar proyectos, iniciativas o desarrollos tecnológicos directamente. 

Por último, se dará un impulso a la formación de profesionales, desarrollo de capacidades o asesoramiento de empresas.

Cronología de la transición

El Gobierno ha preparado un plan cronológico donde se darán cita todos los pasos a seguir para culminar el proceso de transición energética. 

"Ya hemos aprobado en 2020 la Hoja de ruta del hidrógeno y el Plan Moves III y para 2021 esperamos tener la línea de transición energética en municipios de menos de 5.000 habitantes, la Estrategia de Eólica Marina, la Estrategia Nacional de Autoconsumo y la Estrategia de Biogás".

A partir de ahí y hasta 2026 el Gobierno espera contar con un plan de Restauración de explotaciones mineras y terrenos deteriorados, el despliegue de autoconsumo en distintos sectores con almacenamiento “detrás del contador” y el impulso a las comunidades energéticas locales.