El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para colaborar en la financiación de sus costes derivados de la tramitación del bono social térmico. Cuenta con un importe total de 2,5 millones de euros y se destinará a las comunidades y ciudades autónomas.
El bono social térmico es una ayuda creada por el Gobierno hace poco más de dos años para compensar el gasto de los usuarios más vulnerables generado por el uso de agua caliente sanitaria, calefacción y cocina.
Estos fondos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, servirán por tanto para sufragar parte de los gastos en los que las comunidades incurren en las tareas de tramitación del bono social térmico del ejercicio 2020, fundamentalmente las destinadas a la tramitación, notificación y distribución de esta ayuda a los beneficiarios.
La gestión y el pago del bono social térmico, con cargo al presupuesto del MITECO, corresponde a las comunidades y ciudades con autónomas desde 2020.
Reparto de fondos
El reparto de estos fondos se llevará a cabo de manera directamente proporcional al volumen de beneficiarios correspondiente a cada territorio.
Reparto de fondos
Pobreza energética
La creación de un bono social térmico fue una de las primeras medidas que llevó a cabo el Gobierno para mitigar la pobreza energética. En 2018 se aprobó un real decreto-ley con el que se reforzaron las medidas de protección de los consumidores.
Así se pudo ampliar los supuestos para acceder al bono social eléctrico y se puso en marcha, por primera vez, el bono social térmico para sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
En 2020 el bono social térmico contó con un total de 1.270.897 beneficiarios en toda España, lo que incrementó en un 16% los hogares protegidos con respecto a 2019. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinan 105 millones de euros para la financiación del bono social térmico, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año anterior.
A lo largo de este tiempo el Gobierno ha continuado trabajando en el desarrollo y la optimización de las medidas recogidas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
Además, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas de protección y acompañamiento a consumidores vulnerables afectados por las consecuencias de la pandemia entre las que destaca la prohibición de cortes de suministro de agua, electricidad y gas a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.