Europa quiere que toda la economía se gire hacia un mundo más sostenible. No solo dependerá de las decisiones políticas, también de las empresariales. Y para ello, la revisión de la Directiva sobre Información No Financiera de la UE entra en vigor este año y en los próximos meses las empresas con más de 250 trabajadores estarán obligadas a entregar sus informes.
"Muchas empresas van a llegar tarde porque no están haciendo los deberes", explica a Invertia Raúl Mir, socio & CEO de Angela Impact Economy y experto en inversiones y banca privada.
Los grandes retos sociales, medioambientales, geopolíticos, regulatorios y tecnológicos están definiendo las nuevas reglas de juego. Marcan las tendencias de los próximos años, con un claro foco en la sostenibilidad. "Y es el momento de que las empresas inviertan en nuevas medidas para poderlas incorporar en el informe que deberán entregar a principios del próximo año", añade Mir.
Reportes no financieros
El pasado mes de abril, la Comisión Europea aprobó un ambicioso paquete de medidas generales para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea.
El paquete consta de un acto de taxonomía climática de la UE, que apoyará las inversiones sostenibles, aclarando qué actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El acto delegado se adoptó formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE.
Una propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto mejorar el flujo de información sobre sostenibilidad en el mundo empresarial. Hará que la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas sea más coherente, de modo que las empresas financieras, los inversores y el público en general puedan utilizar información comparable y fiable sobre sostenibilidad.
Por último, seis actos delegados modificadores garantizarán que las empresas financieras, por ejemplo asesores, gestores de activos o aseguradoras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.
"El informe de sostenibilidad puede convertir la gestión de riesgos en una ventaja competitiva", puntualiza Raúl Mir.
Las empresas a partir de 250 trabajadores que durante dos ejercicios consecutivos tengan 40 millones de facturación o 20 millones de activos estarán obligados a presentar un informe no financiero de la compañía a partir de diciembre de 2021.
"También afecta a todos los que participen en mercados financieros o dependan de inversores. La información que tienen que divulgar tiene cada vez más peso para cualquier vehículo de inversión, tienen que integrar los riesgos ambientales, sociales o de gobernanza o señalar cuál es la remuneración o la metodología utilizada", añade el experto.
Transparencia
Uno de los cambios más importantes es la transparencia. "Hay una exigencia en cuanto a incidencias adversas, por ejemplo, si hay un riesgo medioambiental por la actividad empresarial, puede ser un problema que hay que comunicar".
Con esta normativa establecida en la ley de Información No Financiera, las empresas no sólo deben informar de cuánto ganan, sino también los datos no financieros para entender los riesgos reales y la sostenibilidad del negocio a nivel social y medioambiental.
Las empresas deben cumplir las expectativas de generación de impacto positivo que demandan reguladores, trabajadores y consumidores. Y a su vez deben responder a una buena gestión del negocio que reporte beneficios y crecimiento.
"Hay una urgencia y se deben incorporar en ese reporte un cálculo de sostenibilidad. Para eso hay que buscar homogeneidad, con unos parámetros paralelos, y unos métodos adecuados", añade Raúl Mir
"Es una total transformación a la hora de invertir de los grandes fondos. Habrá nuevos criterios para seleccionar y las empresas deberán asumir unos cambios muy importantes si quieren seguir recibiendo inversiones".
Etiqueta ASG
Unos cambios que ya se están produciendo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pone orden en la eclosión de la inversión sostenible. El supervisor ha anunciado este martes que para que una institución de inversión colectiva (IIC) pueda incluir en su denominación comercial la etiqueta ASG, en alusión a criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, debe dedicar más del 50% de su patrimonio a estas inversiones.
Este criterio se ha fijado en un documento de preguntas y respuestas en el que la CNMV señala las pautas que guiarán sus actuaciones de autorización y supervisión en la aplicación de la normativa europea en materia ASG.
“En unos años, el 100% de la inversión o casi el 100% de la inversión va a ser de impacto. Hay un claro apetito en el criterio inversor: sin impacto positivo hay cada vez menos intención de invertir”, concluye el experto de Angela Impact Economy.