El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tándem-Villarejo, Manuel García-Castellón, ha acordado suspender la declaración del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, prevista para el próximo miércoles.

Galán fue citado en calidad de investigado en relación con la contratación del expolicía José Manuel Villarejo por Iberdrola entre 2004 y 2017 para realizar trabajos de seguridad en los que el antiguo comisario habría empleado métodos ilegales.

Villarejo recibió un total de 1,1 millones de euros por sus servicios, que empezaron en 2004 con el denominado Proyecto Arrow. El excomisario fue fichado por el entonces jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para neutralizar la resistencia que existía en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado. Villarejo habría facilitado información sobre personas que se oponían a esa instalación y habría accedido ilegalmente al tráfico de llamadas entrantes y salientes que realizaron.

El juez instructor ha decidido este viernes suspender las declaraciones de Galán y de otros directivos de la eléctrica con el fin de que el fiscal y el resto de las partes personadas opinen sobre la nulidad de actuaciones que ha instado Iberdrola. García-Castellón aduce, además, que está pendiente la decisión sobre si Iberdrola debe ser o no investigada como persona jurídica, cuestión sobre la que el pasado 25 de junio pidió el criterio de Anticorrupción.

"Estando pendiente de resolver la situación procesal de la entidad conforme a lo dispuesto en el auto de 25 de junio de 2021, a fin de evitar una posible indefensión y para garantizar el derecho de la parte y su condición procesal en las diligencias de investigación acordadas hasta la fecha, se acuerda suspender las declaraciones", señala el juez en su resolución, conocida por EL ESPAÑOL.

Petición de nulidad

El pasado martes Iberdrola pidió que se declaren nulas las actuaciones realizadas por el instructor desde el pasado 27 de mayo, alegando la situación de "indefensión" que el Juzgado le ha ocasionado.

El escrito se remonta al 22 de enero de 2020, cuando Iberdrola presentó una querella en los Juzgados de Bilbao por un presunto delito de falsedad documental contra José Antonio Olmo, un antiguo controller de la empresa, ya jubilado. La querella se refería a la falsedad de un documento fechado el 1 de diciembre de 2004 y elaborado por Olmo, en el que se afirma que Antonio Asenjo le habría dicho que Galán conocía el Proyecto Arrow. Además, Olmo aseguraba que los pagos a Villarejo se habrían camuflado a través de otra empresa de seguridad llamada Casesa.

"Dicho documento pondría de manifiesto la existencia de una denuncia interna en la compañía que nunca tuvo lugar", sostiene Iberdrola, que reputa falso el informe de Olmo, guardado por éste en una notaría durante 15 años y entregado ahora al juez del caso Tándem.

El Juzgado de Bilbao que recibió la querella se inhibió a favor de García-Castellón al considerar conexos los hechos. El juez del caso Tándem acordó la acumulación de la acción penal contra Olmo a las diligencias de investigación sobre la contratación de Villarejo por Iberdrola.

"Habiendo transcurrido prácticamente un año desde la referida inhibición, Iberdrola todavía desconoce cuál ha sido el devenir de la mencionada querella o si se han practicado diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos objeto de la misma", señala el escrito presentado el martes.

Ante la falta de noticias, el pasado 27 de mayo la compañía se dirigió al Juzgado para que se le notificase la acumulación acordada y se le diese acceso al proceso dada su condición de querellante. También pidió la ampliación de la querella contra José Antonio Olmo a un segundo delito que habría consistido en haber presentado en el Juzgado un documento falso a sabiendas, para perjudicar a otro.

Ante la falta de respuesta del instructor, Iberdrola reiteró la petición cuatro veces más, sin que el Juzgado haya contestado.

"Habiendo transcurrido un mes desde aquella petición inicial de 27 de mayo, seguimos sin recibir una respuesta judicial a nuestras reiteradas peticiones, y, lo que es más grave, Juzgado al que nos dirigimos sigue sin notificarnos ninguna de las resoluciones judiciales que desde ese momento se están dictando en el procedimiento", ni siquiera el auto del pasado 25 de junio, en el que el juez pregunta si Iberdrola debe tener la condición de investigada.

"Ostracismo" procesal

"Puede extraerse, sin demasiados esfuerzos argumentativos, el ostracismo procesal en el que se encuentra la compañía como consecuencia directa del proceder de su ilustrísima Señoría", afirma. "No sólo llevamos más de un año esperando que se nos informe, al menos, del devenir procesal de la querella presentada y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao. Es que además llevamos un mes sin que se nos reconozca formalmente la condición de parte".

"La consecuencia más inmediata de dicha situación procesal anómala es que no se nos ha dado traslado ni de las resoluciones judiciales, ni de los escritos presentados por las demás partes, que guardan relación directa con nuestros intereses procesales". Iberdrola pide la nulidad del auto de 25 de junio y de todas las resoluciones judiciales que se hayan dictado a partir del 27 de mayo.

"La razón es palmaria: no estamos ante un mero defecto procesal, sino ante una auténtica privación del derecho defensa generador de indefensión", sostiene.

A su parecer, el auto del 25 de junio "es un claro exponente de este actuar judicial vulnerador a la tutela judicial efectiva que hoy denunciamos" ya que no es sólo que no conozca los términos de una resolución sobre la que otras partes sí están opinando,. sino que Iberdrola no puede pronunciarse sobre algo que le afecta de forma tan relevante como es su propio estatus de investigada.

Además, ese auto pide la opinión del fiscal sobre el posible sobreseimiento de la querella contra Olmo, sin oír al querellante.

A todo ello "se añade el inaceptable hecho de que a Iberdrola tampoco se le ha permitido participar en el debate del procedimiento, hurtándole la posibilidad de instar la práctica de aquellas diligencias de investigación que pudiésemos considerar necesarias, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos", añade.

La propuesta de diligencias de investigación realizada en la querella contra José Antonio Olmo "parece que no ha merecido tampoco pronunciamiento judicial, ni tan siquiera, para inadmitirlas. Igualmente, se nos ha impedido participar en ninguna de las diligencias que se han ido practicando durante la instrucción".

Iberdrola solicita que, una vez declarada la nulidad de lo actuado desde el 27 de mayo, "se nos dé acceso a todo lo actuado y poder ejercitar los derechos de defensa que se le reconocen a toda acusación y de los que hemos sido privados hasta el momento".