Sánchez Galán pide al juez del caso Tándem declarar por videoconferencia tras el repunte de la Covid-19

Un escrito dirigido al Juzgado recuerda que la videoconferencia es un instrumento avalado para la práctica de declaraciones penales por la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2006 y está expresamente prevista en el decreto ley de abril de 2020 que estableció medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Esa norma prevé la prolongación del uso de las videoconferencias mientras dure la crisis sanitaria y, por ello, el Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado día 23 "comunicar a todos los integrantes de la carrera judicial y a sus órganos de gobierno la vigencia de las normas legales y reglamentarias que permiten la realización de actuaciones procesales a través de medios telemáticos".

Variante 'delta'

Galán, de 70 años, señala que en los últimos días se ha experimentado un repunte de casos de contagio debido, entre otros factores, a la irrupción de la denominada variante 'delta' del coronavirus, "de previsible presencia dominante en nuestro país en las próximas semanas".

"El informe emitido por el Ministerio de Sanidad el 28 de mayo de 2021 (Información clínica COVID-19) hace notar que se ha observado una mayor incidencia de reinfecciones en mayores de 65 años", manifiesta el escrito. "Y un factor que parece aumentar la tasa de reinfecciones es la circulación de nuevas variantes con escape a la inmunidad natural o generada tras las vacunas".

En el caso de la variante 'delta', en el documento 'Actualización de la situación epidemiológica' difundido por Sanidad el pasado 21 de junio se reconoce que es más transmisible y con mayor probabilidad de ingreso y severidad. Además, se ha detectado una ligera disminución de la eficacia vacunal con dos dosis, disminución que es más acusada en el supuesto de una sola dosis, que es precisamente la situación de Sánchez Galán.

"El empleo de la videoconferencia permite compatibilizar la debida atención del requerimiento judicial, con todas las garantías procesales y el respeto a los principios inspiradores del procedimiento penal, con la evitación del desplazamiento a la sede del Juzgado, atendido el contexto sanitario en el que nos hallamos y las circunstancias del declarante", concluye.