Unidas Podemos ha planteado la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), tras conocerse la flexibilización de las condiciones para abandonar la protección de los combustibles fósiles. Esto abriría la puerta a indemnizaciones millonarias por la aplicación de la nueva Ley de Cambio Climático.
Concretamente, su portavoz ante la Comisión de Cambio Climático en el Congreso, y presidente de la Comisión, Juantxo López Uralde, ha defendido una "salida coordinada" de España junto a otros países, como Francia, cuyo Gobierno ha llamado a modernizar este acuerdo, y Polonia.
"La urgencia de salir del Tratado es aún más evidente teniendo en cuenta el caso reciente de Países Bajos, que en menos de tres meses ha recibido dos demandas por una ley para eliminar la producción eléctrica a partir de carbón en 2030", ha señalado el coordinador de Alianza Verde.
Según explica, las empresas energéticas alemanas RWE y Uniper reclaman a este Estado 1.400 y 1000 millones de euros, respectivamente. "Bajo el TCE, la implementación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está en riesgo de ser objeto de demandas millonarias, como ha ocurrido en Países Bajos", alerta López Uralde.
España acumula 48 demandas en virtud de este acuerdo, con la amenaza de engrosar su deuda pública en más de 10.000 millones de euros. No es la primera vez que Unidas Podemos reclama abandonar este tratado. Por otro lado, el responsable climático de Unidas Podemos ha recordado que más de 400 organizaciones de la sociedad civil han defendido a los gobiernos europeos que declaren la salida del TCE no más tarde de la COP26.
López Uralde señala además que el proceso de modernización de este acuerdo "está en punto muerto y abocado al fracaso", atendiendo a la filtración de dos documentos de la Comisión Europea relativos a sus negociaciones.
Y es que este proceso, explica el coordinador de Alianza Verde, "sugiere que la Comisión podría dar nuevas concesiones en el proceso de modernización del Tratado, flexibilizando y debilitando su posición. Una posición que ya ha sido calificada por organizaciones de la sociedad civil como "insuficiente" a la hora e alinear el TCE con el Acuerdo de París y los objetivos europeos de descarbonización".