Primero porque "ir comprando acciones en el mercado tiene su efecto en el precio de la compañía y deja fuera de juego la oferta de IFM, y por otro lado, la prisa de Naturgy por presentar su plan quinquenal en las puertas de agosto, tampoco ayuda", añaden las mismas fuentes. 

El presidente y consejero delegado de la energética, Francisco Reynés, no lo ve de la misma manera. Ha defendido el lanzamiento de su nuevo plan porque la compañía debe contar con una 'hoja de ruta', y "no puede estar paralizada a expensas del futuro de la operación".

De hecho, lo ve necesario. "Una compañía necesita un plan. Si vamos a invertir 14.000 millones debemos saber dónde van, cuál es el futuro para captar, retener y potenciar talento". También para dar certidumbre a "toda la plantilla" y para "alinear la motivación y el compromiso".

"No podemos estar pendientes en resoluciones externas a nosotros", ha dicho, recordando que la oferta parcial de IFM "no es solicitada" por la compañía, que es un "objetivo pasivo" y no puede "obviar sus obligaciones como gestores. Actuamos en beneficio de la compañía".

Pasividad no es neutralidad

"Cualquier empresa tiene derecho a seguir operando y el plan estratégico que ha presentado Naturgy es un business as usual, los accionistas pueden estar desnortados y necesitar saber hacia dónde va la compañía", explica a Invertia, María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora de Governance & Compliance.

Entiende que la decisión de la energética "puede estar en el límite legal si se entiende que influye a mercado, pero también tiene derecho a defenderse mientras arrastran una opa que está en el limbo desde hace ya más de medio año".

La regla general en el caso de una opa es el deber de neutralidad de los administradores de la compañía para garantizar la libre elección de los accionistas. No hay que confundir con el deber de pasividad, ya que ha de seguir trabajando para la sociedad.

Además, "todo influye a mercado, y cualquier empresa debe presentar a sus accionistas, plantilla y clientes qué es lo que va a hacer en los próximos años, cuál es su hoja de ruta". Y es que, en su opinión, "ser neutrales no significa ser pasivos, y en el caso del plan, no es un proyecto específico anti opa".

Precio de las acciones

Otro de los asuntos que preocupa y mucho es el precio de la acción. Desde que en mayo pasado su accionista mayoritario, CriteriaCaixa, anunciara su intención de reforzar su posición en el capital social de la Naturgy, su cotización comenzó a escalar posiciones. Tanto es así que días antes de presentar sus resultados semestrales y su plan quinquenal, el precio ha estado por encima de la oferta de IFM. 

Dentro de ese goteo de compras en los últimos meses, CriteriaCaixa ha ido reforzando su posición como primer accionista de la energética, hasta escalar casi al 26% de su capital. Le siguen en el capital de Naturgy los fondos GIP (20,6%) y CVC -con el grupo March- (20,7%) y la estatal argelina Sonatrach (4,1%).

"Es un precio coyuntural", siguen las mismas fuentes del sector. "El fondo australiano debería estar satisfecho con el precio, porque las acciones de Naturgy ya están bajando, lo que demuestra que a los mercados esta operación no les convence". 

Los títulos de Naturgy cedieron un 1,2% en bolsa, cayendo así por debajo del precio ofrecido por el fondo australiano IFM en su opa parcial voluntaria para hacerse con hasta un 22,69% de la energética. En concreto, fue uno de los valores más castigados en la sesión bursátil -tan solo superado por Banco Santander- retrocediendo hasta los 22,30 euros.

"Los precios de los días pasados estaban inflados, no hay más que ver que el resto de energéticas pares a Naturgy llevan arrastrando caídas del 10% en el mercado, y además se demuestra con lo ocurrido que cualquier información a mercado le influye y puede cambiar su decisión", concluyen.

A falta del Gobierno

La tercera pata de este 'culebrón' es la decisión del Gobierno sobre si dar luz verde o paraliza la operación. La operación está pendiente, casi seis meses después de que se anunciara, de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, y según las últimas declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, se apurará hasta el último día, el 26 de agosto. 

La normativa de blindaje aprobado el año pasado en plena pandemia permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.

"Cada día que pasa parece más posible que IFM decida retirarse del proceso de compra", concluye la aboga María de la Torre. "Normalmente cuando se dilata tanto en el tiempo, todo se complica y deriva en desinterés".

Por su parte, y por el momento, el fondo australiano se ha limitado a señalar a Invertia que "mientras no sea accionista de la compañía sólo opina sobre su Oferta que considera que es muy buena para el conjunto de sus accionistas”.