La guerra entre el Gobierno y las grandes eléctricas no ha hecho más que empezar. La obligación de devolver lo que se conoce como "beneficios extraordinarios" que las eléctricas obtienen al repercutir los costes de gas que no soportan sus centrales no emisoras ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La carta que Iberdrola, Endesa y EDP han enviado a Bruselas es una clara evidencia de la situación. En ella señalan que las medidas del Gobierno "ponen en peligro los objetivos" de los grandes pactos verdes de transición energética y de reducción de emisiones de la Unión Europea.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recordaba en su intervención en el Foro La Toja 2021 que "es esencial preservar la estabilidad jurídica y las reglas del juego, no poner en entredicho el modelo europeo y no perder la confianza de los inversores. Lo que no puede ser es que cada país vaya por su camino a la primera tormenta". 

Menos inversiones en España

"Es una medida posible, las eléctricas son empresas privadas que pueden tomar este tipo de decisiones, pero es un tema que todavía no está encima de la mesa", aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de las grandes eléctricas.

El problema es que si se produce, S&P Global confirmaba también que "una reasignación de inversiones fuera de España por parte de las empresas matrices que son actores mundiales de las energías renovables obstaculizaría el éxito del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima)". 

Incluso el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que ve "lógico" que haya compañías eléctricas, como es el caso de Iberdrola, que hayan anunciado una paralización de sus inversiones en España ante la "inestabilidad regulatoria", en referencia a sus planes de proyectos renovables 'a merchant'.

Desventaja competitiva

No es la única advertencia que ha llegado de las agencias de calificación. Fitch Ratings, por su parte, ha alertado de que estas medidas dejan a las compañías eléctricas españolas en una situación de "desventaja competitiva" frente a sus competidoras europeas.

En un informe, la calificadora de riesgos alerta que las medidas contra los beneficios de las compañías suponen un impacto en la "predictibilidad" del marco regulatorio español debido a la "interferencia política".

"Creemos que los ratings de las empresas serán ampliamente resilientes a las medidas más punitivas, siempre asumiendo que las medidas sean temporales", han alertado los analistas de Fitch Pilar Auguets, María Delia Linares y Jaime Sierra. En caso de que se extiendan mucho más en el tiempo, la firma revisará la capacidad de deuda de las empresas.

No se sabe lo que ocurrirá en las próximas semanas o meses, pero sí lo que ha pasado en el último mes. Las grandes compañías del sector, Iberdrola y Endesa, se han dejado 15.000 millones de euros en bolsa.

Dividendos de CO2 y gas

Las eléctricas tienen varias piedras en el zapato: lo que se llama como 'dividendos de CO2', 'dividendos de gas' y cómo afecta esto último en la retribución de sus renovables. 

Lo primero es un anteproyecto de Ley presentado en junio pasado para acabar con la sobrerretribución de las centrales nucleares, hidroeléctricas y las eólicas más antiguas por el coste del CO2. Es decir, el Gobierno quiere que devuelvan lo que ganan de más sus centrales no emisoras con antigüedad previa a 2005 descontando la subida del CO2 en el mercado europeo de derechos de emisiones (EU ETS).

Los otros 'dividendos' están recogidos en la Ley 17/2021 del pasado mes de septiembre. Ha sido la llave para abrir la caja de los truenos. Aunque el Gobierno cifraba esta recaudación en unos 2.600 millones, la agencia de calificación crediticia S&P Global ha alertado de que serán muy superiores.

En concreto, sumarían un recorte en los beneficios de las compañías eléctricas de cerca de 3.200 millones de euros. 

Diana en las renovables

Al apuntar a la gran hidráulica, nucleares y centrales no emisoras para recaudar lo suficiente para bajar la luz a los consumidores, se ha incluido también a los parques renovables que no están sujetos al régimen de las subastas o de PPAs ('power purchase agreement') indexados a pool. Y ahí las cuentas tampoco salen.

"Se da la paradoja de que aplicando la minoración propuesta por el Gobierno puede que sea hasta mayor el precio que están recibiendo de sus clientes, llegándose al absurdo de tener ingresos netos negativos", explicaba AELEC, la patronal de las grandes eléctricas.

Una circunstancia que ya se está viendo en las pujas en el mercado mayorista de electricidad. Por ejemplo, el pasado viernes, 1 de octubre, la energía eólica y la fotovoltaica se han situado durante tres horas fuera del mercado eléctrico por el efecto de estas medidas. 

Así, en las casaciones en las que el precio del mercado se ha situado por debajo del coste solar y del eólico, que con el efecto de la detracción se sitúa en más de 115 euros el MWh, sólo se ha podido casar la eólica y solar que tiene retribución regulada y, por tanto, no es sensible al precio del mercado. El resto de instalaciones parará o se desconectará de la red durante esas horas.