La gran industria 'para' por el precio de la luz mientras el Gobierno plantea "mejorar" el decreto contra las eléctricas

Era una posibilidad y ha ocurrido. El subidón de los precios de la electricidad ya tiene consecuencias sobre las industrias más intensivas en consumo energético. La siderúrgica Sidenor ha paralizado su producción hasta final de año para esquivar el golpe, un incremento del 300% en la factura en el último año. Eso supone que sus costes de producción suben un 25%, algo que le resulta totalmente imposible de trasladar a sus clientes si quiere ser competitiva. 

Aunque la parada afecta a sus instalaciones en Basurto, desde la acerera ya avisan de que poco a poco se trasladará al resto de plantas en Cantabria y Cataluña. Consideran que el precio de la luz es "desorbitado", y con esta medida buscan "limitar el tremendo impacto que los descontrolados costes eléctricos" están causando a la compañía. 

Sidenor es la última compañía que adopta una medida de este tipo. Asturiana de Zinc ha elaborado un calendario de paradas, según La Nueva España, y Ferroglobe ha parado los hornos de Sabón y Boo para "gestionar la crisis energética", según explicaba en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del Reino Unido. 

El aviso

Tal y como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, la industria electrointensiva (AEGE) había alertado de que este tipo de situaciones podrían ocurrir. Algo que miran con especial preocupación porque se pone en riesgo el futuro de las plantas, y porque las medidas adoptadas hasta ahora para reducir el precio de la luz no han surtido efecto. Tanto que "sigue aumentando el diferencial de precios con nuestros competidores alemanes y franceses", aseguraba Fernando Soto, director general de AEGE. 

Una situación que los sectores más afectados han trasladado al Ministerio de Transición Ecológica en las reuniones mantenidas en las últimas semanas. Unos encuentros previos a los que está manteniendo con los representantes del sector energético. Este miércoles será el turno para Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y para Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Serán las últimas tras las mantenidas con otros actores del sector como los representantes de EDP o con el CEO de Endesa, José Bogas. En ellas, el Ministerio está reclamando a las energéticas que aporten nuevas soluciones que consideren que deberían adoptarse para tratar de minimizar el impacto de la subida de la luz en los consumidores. 

Todas esas propuestas deberían llegar en las próximas semanas, por lo que el sector confía en que en esta ocasión el Ministerio de Transición Ecológica les escuche. La cuestión clave está en saber si se llegará a tiempo o no para introducir modificaciones en el Real Decreto que este jueves se debate para su convalidación en el Congreso. En él se busca limitar el impacto de la subida del gas en los mercados minoristas de gas y electricidad; pero también se debatirán las enmiendas a la retribución de CO2 no emitido. 

¿Proyecto de ley?

Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que, efectivamente, el Ejecutivo "mejorará" el contenido del decreto. Aunque no aclaran si lo hará a toda prisa, vía enmiendas este jueves, o pedirá la tramitación como proyecto de ley, para someterlo a ponencia y comisión en sede parlamentaria.

La intención del Ejecutivo es "tomar en cuenta la opinión de todas las compañías eléctricas" para conjugar "sus intereses con los de los ciudadanos y los consumidores industriales". Es una manera de admitir sin decirlo que, tal como está redactado el texto legislativo, ahora mismo no se cumple esa premisa.

Un debate que no sólo mantiene la vicepresidenta tercera con los presidentes de las energéticas, sino con sus propios compañeros del Consejo de Ministros. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se descolgaba este domingo con lo más parecido a una advertencia: "Espero que nuestros socios de Gobierno aguanten las presiones y no se echen atrás en estas medidas valientes, porque la ciudadanía no lo entendería".

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, trataba de nadar y guardar la ropa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este lunes. "Es un decreto del Gobierno, no de una parte del Gobierno", dijo como obviedad... y como introducción a la siguiente parte de su afirmación: "El Ministerio de Transición Ecológica trabaja para conciliar todos los intereses. Hemos demostrado capacidad de diálogo".

La clave para el Ejecutivo no es tanto recoger propuestas de las eléctricas, sino escuchar sus quejas por lo que consideran un asalto a sus cuentas, y un cambio de reglas que sólo causa inseguridad jurídica. Y por el hecho de que el presidente Pedro Sánchez y Teresa Ribera bautizaran públicamente como "beneficios excesivos" la parte de sus ganancias que el decreto "minora". 

Fuentes de Moncloa aseguran que esos encuentros "y la relación con las instituciones europeas" mejorarán el decreto. Pero el texto legislativo ya está en vigor, y este jueves sólo se debate y vota... para que esas "mejoras" -aún no redactadas- se pudieran introducir, el Congreso debería aprobar su tramitación como proyecto de ley.

Ésa es la opción más viable, para no tener que emitir otro decreto corrector y para ofrecer una imagen de diálogo institucional y democrático a los grupos de la oposición y a las grandes compañías afectadas.

La caja de herramientas

Desde el entorno del Gobierno explican también a EL ESPAÑOL-Invertia que para hacer cambios en profundidad del mercado eléctrico se necesita también la cooperación europea. Por ello, desde el Ejecutivo se mira con interés la propuesta que este miércoles lanzará la Comisión Europea. 

Como ha contado este periódico, la intención de Bruselas es poner encima de la mesa una 'caja de herramientas' para que los Estados puedan intervenir y frenar la escalada de los precios de la electricidad. 

Entre las ideas que maneja el ejecutivo comunitario está el permitir una rebaja de los impuestos y los costes de red; ayudas contra la pobreza energética; compra conjunta de gas en el seno de la Unión Europea; reformar el sistema de fijación de precios o combatir la especulación del CO2. 

Estas dos últimas propuestas son bandera de España, que lleva semanas tratando de presionar en Bruselas para que se adopten medidas. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado ya el respaldo de Francia, Italia y también de Polonia. Tanto es así que esta cuestión se debatirá en el próximo Consejo Europeo que se celebra a finales de mes.