El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el ejercicio 2022 contará con 6.047 millones de euros, un 27% menos que en 2021 (8.388 millones). Pero el Gobierno contará, además, con los fondos Next Generation europeos, es decir, la financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 4.378 millones de euros, un 35% menos que en 2021 (6.805 millones), y con la recaudación de una nueva fiscalidad dirigida a las grandes energéticas.
Las dotaciones que se incluyen para política energética ascienden a 3.817 millones de euros, de los que 2.766 millones serían de esa partida de MRR.
Según el Libro Amarillo de los PGE recién presentado, la financiación de los costes del sistema eléctrico con cargo a los presupuestos, se utilizarán las aportaciones de lo ingresado por el mercado de CO2 europeo y los ingresos tributarios del 7% del impuesto a la generación eléctrica.
Fondo para la Sostenibilidad
Sin embargo, el Gobierno deja abierta la puerta a sumar más ingresos con la aprobación del proyecto de Ley, que está en tramitación en el Congreso, sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), y también con el proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, más conocido como 'dividendos del CO2'.
"La aprobación de ambas normas supondrá cambios relevantes en los mecanismos de financiación del Sistema Eléctrico tendentes, por una parte, a que la carga de las primas a las renovables se distribuya entre todos los agentes del ámbito energético y, por otra, a introducir medidas que racionalizan la retribución de la producción energética de determinadas fuentes".
Todo ello, contribuirá a reducir los costes que hasta el momento se contienen en la factura eléctrica, minorando la carga que soportan los consumidores, para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar del 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares que suman, para 2022, 3.695 millones de euros.
Bono social térmico
El Gobierno quiere hacer especial hincapié en la dotación para el Bono Social Térmico, programa de ayudas para paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables de gas (calefacción, agua caliente sanitaria o cocina).
La ayuda a conceder, creada por el Real Decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, tiene una dotación prevista para 2022 de 157 millones de euros.
También el sector de la minería del carbón ocupa un lugar central, con su transición justa. Para la financiación de estas actuaciones, el nuevo Instituto para la Transición Justa contará con unos recursos de 297 millones de euros, aunque su montante total será de 442 millones, un 4,6% superior al ejercicio anterior, de los cuales 110 millones proceden del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
Por último, se dotarán 20 millones de euros para el impulso de la participación de los ciudadanos con el desarrollo de comunidades energéticas.
Fondos europeos
Además del Presupuesto nacional, Transición Ecológica ha repartido los fondos europeos en varios apartados. Primero un plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde con 445 millones de euros.
También un programa con el objetivo de Impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y, de forma específica, la actividad de rehabilitación en el sector de la construcción e inmobiliario. De esta manera, se quiere cumplir con los compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digitalización. Tendrá una dotación de 350 millones.
Se quiere desarrollar las energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos con el fin de incrementar considerablemente el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final: 630 millones de euros.
La promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento con 351 millones, al igual que el hidrógeno renovable, con 555 millones, y por último, un plan de Transición Energética en edificios de la Administración General del Estado con 435 millones.