Desde que llegó al poder, el presidente de México tiene una liturgia diaria. Bautizada oficialmente como Diálogo Circular con los Medios de Comunicación, estas ruedas de prensa son apodadas como 'las Mañaneras'. Comienzan a las siete de la mañana y duran cerca de dos horas, de lunes a viernes.

Como buen rito, hay determinadas secuencias que se repiten cada poco. Andrés Manuel López Obrador sacando un pañuelo blanco para asegurar que no hay corrupción. Andrés Manuel López Obrador a la pata coja mientras comenta su plan para el país. Andrés Manuel López Obrador advirtiendo que México no es tierra de conquista y que las empresas energéticas españolas les roban.

“Se abusó en el periodo neoliberal y se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas, que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear, a robar, claro, con el apoyo de las autoridades mexicanas. El caso más ofensivo es el de Iberdrola, que se convirtió en un monopolio y controla el mercado eléctrico del país”, dijo a principios de este verano.

Ahora viene otro round entre la empresa y las autoridades del país con una reforma constitucional que busca revertir la Reforma Eléctrica realizada en 2013 por su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

Básicamente, se fija por norma que el sector público (la Comisión Federal de Electricidad o CFE) tiene que generar al menos el 54% de la energía y los diferentes entes privados el 46% restante. Esto implica cancelar todos los permisos de generación eléctrica otorgados y derogar los contratos de compraventa de electricidad para renegociarlos. Esto afecta de lleno a la multinacional española.

Las eléctricas españolas

Según la base de datos de concesiones y permisos otorgados, Iberdrola y sus filiales tienen 30 contratos con una inversión total de 12.500 millones de pesos, unos 530 millones de euros. Otras españolas con presencia en el país son Naturgy, Acciona Energía, Fisterra y Abengoa, pero su importancia ni se acerca a la de Iberdrola, con 26 plantas de ciclo combinado, cogeneraciones, parques eólicos y fotovoltaicos y que generó el 16% de la energía de México en 2019, siendo la segunda productora después del Estado.

“Para todas las empresas privadas esto va a suponer modificaciones a sus planes de inversión y se acecinan litigios internacionales”, dice Joel Tonatiuh Vázquez, economista del Centro de Investigación Económica y Presupuesta, “este tipo de inversiones tienen grandes candados a la inversión realizada y lo que se prevé son juicios que pueden durar años”.

Vázquez es de los numerosos críticos con lo que llama Contra Reforma Energética. “Es completamente negativa para México. Desincentiva la creación de nuevas inversiones y, debido a que las plantas de generación de la CFE están en números rojos, modificar el sistema para que sean ellas las que vuelvan a generar, va a aumentar los costos de la electricidad al usar esa plantas obsoletas”, y sentencia: “Están usando criterios políticos, no técnicos ni económicos”.

Estos criterios políticos no los niega Rodrigo Benedith, economista mexicano especializado en la industria energética y que trabaja en la Sección de Cooperación Económica y Promoción en la Embajada de México en Venezuela.

“Los que están a favor de la Reforma de 2013 lo ven todo en términos de mercado y financieros, pero este gobierno entiende la industria eléctrica como un tema de seguridad nacional sobre el que hay que tener control”, argumenta.

“La reforma de 2013 es un modelo muy similar al español, que permite la generación a los privados y pone a la CFE competir en un mercado eléctrico mayorista”, continúa, “uno de los problemas es la pérdida de mercado en la generación de la CFE que comenzó en los 90 y que ahora tiene como el 36% de la generación; eliminar los contratos legados e iniciar una negociación nueva que le permitirá a CFE dejar de perder dinero en los subsidios que otorga a través a los grandes consumidores que tiene régimen de autoabastecimiento”.

Estimular la energía renovable

Este mecanismo permite a las empresas recibir su energía de plantas privadas, generalmente más baratas y limpias que las de CFE. Para estimular las renovables en este esquema, los anteriores gobiernos subsidian el pago por la transmisión de esta energía.

Para Benedith, otros dos aspectos clave son que sea el estado quien retome el control de la transición energética a las renovables y que convierta el litio en propiedad estratégica para la nación, impidiendo que pueda ser concesionado como otros minerales. México, con su estimado de 1,7 millones de toneladas de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, es el noveno país del mundo con mayores reservas.

Ya el pasado marzo, cuando se aprobaron una serie de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica para dar preferencia a la generación de la CFE frente a las privadas, Ignacio Sánchez-Galán, CEO de Iberdrola, dio una entrevista a Bloomberg en la que advertía: “Si una ley afecta a nuestros negocios existentes, los abogados defenderán el interés de nuestros accionistas como hacemos en todos los países. Imagino que el resto hará algo similar”.

Ahora, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, al que pertenece Iberdrola, lanzó un comunicado en que advertía que esta “iniciativa de reforma al sistema eléctrico nacional afecta la confianza y certidumbre indispensables para el mantenimiento y la llegada de nuevas inversiones, ya que cancelaría, en los hechos, la mayoría de los permisos legalmente otorgados al sector privado, además de modificaciones retroactivas a la regulación”.

Mientras, López Obrador sigue su discurso. Este lunes 11 atacó al Gobierno de España, usando el fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola. “En España las empresas tienen mucho poder y los gobiernos no pueden hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados”. Y lo comparó con su bestia negra, el expresidente Felipe Calderón, que fue miembro del consejo de administración entre 2016 y 2018.“Un político ¿qué sabe de la industria eléctrica? Nada, nada. Es para mostrar su prepotencia y decir: ‘Nosotros mandamos’”.

Lo curioso es que en México el director de la CFE, por mandato directo de López Obrador, es Manuel Bartlett, un político del PRI más clásico. Se le adjudica la autoría del fraude electoral que en 1988 llevó al poder al neoliberal Carlos Salines de Gortari, quien comenzó a desmontar el monopolio eléctrico que ahora López Obrador busca recuperar.