El año que acaba será recordado por el inicio de una crisis energética que podría alargarse más de lo previsto. En 2021 electricidad, gas y CO2 han alcanzado precios máximos nunca vistos, empujados, sobre todo, por la reactivación de la economía mundial tras los meses más severos de la pandemia de 2020.
La recuperación post-Covid ha tensionado los precios, especialmente del gas, porque toda la transformación del sector energético hacia un escenario descarbonizado se basa en utilizar el gas como energía de transición hasta que las renovables cubran el 100% del abastecimiento energético.
De un año de baja demanda a otro de exceso, 2021 se ha convertido en el peor que se ha visto en décadas en términos de disponibilidad energética. La crisis que vive Europa por los altos precios del gas podría pasar una grave factura a la recuperación económica de España y arrastrar al Viejo Continente a perder posiciones de cabeza del liderazgo económico, en su competición con China y Estados Unidos.
El gas se ha multiplicado por casi siete en el último año. El precio en el Mibgas (Mercado Ibérico del gas) ha llegado en diciembre a cotizar a 138 euros/MWh, máximos históricos y, aunque en diciembre la producción eólica en España ha sido un 60% mayor que en los cinco últimos años en el mismo mes de diciembre, no ha tenido más impacto en el precio eléctrico porque la producción nuclear ha caído un 35% respecto a años anteriores por paradas por mantenimiento.
Esta reducción nuclear ha llevado a que los ciclos combinados de gas (CCG) hayan incrementado su producción en un 73% y hayan cubierto un 20% del mix de generación, según el Grupo ASE, consultora especializada en mercados energéticos. Sus altos costes de producción, por los elevados precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, han provocado un fuerte impulso de la cotización de la electricidad en el pool.
En definitiva, el precio medio anual de la electricidad en España en 2021 se situó en los 99,76 euros/MWh, según el Informe del Mercado Energético Español de Nexus Energía. Y el resto de países europeos han corrido más o menos la misma suerte. El impacto del gas podría resultar en una gran desaceleración económica, o al menos en una recesión industrial considerable.
No hay duda de que 2021 pasará a la historia por la gran inestabilidad que han traído los mercados energéticos, con volatilidad en los precios de la energía y materias primas, que están causando un fuerte impacto en los hogares, industrias y en las empresas de todo el mundo. Las consecuencias son muy evidentes en la recuperación económica post-Covid, las inversiones y las condiciones climáticas, y si no se pone remedio, habrá otros factores socioestratégicos que también entren a formar parte del puzzle en el futuro.
Cambios fiscales y en la factura
Otra de las novedades de 2021 ha sido la nueva factura de la luz para 10,5 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Desde el 1 de junio se cambió su estructura tarifaria con tres nuevos periodos diferenciados correspondientes a diferentes horas del día: punta, llano y valle.
Su objetivo era mover los hábitos de consumo de las horas más caras a las más baratas para aplanar en la medida de lo posible la curva de demanda eléctrica, y reducir la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en infraestructuras de la red.
Sin embargo, ese objetivo quedó deslucido al coincidir con la escalada del precio de la luz en el mercado mayorista. Un mes después, el Gobierno aprobaba nuevas medidas fiscales como la rebaja del IVA, del 21% al 10%, o la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%), y en septiembre, se añadió la rebaja del impuesto eléctrico, del 5,1% al 0,5% y la reducción de los cargos en un 96%.
Transición Verde
Y mientras los precios energéticos comenzaban su 'rally' alcista, la Unión Europea, con España a la cabeza, siguió centrada en la transición verde de la economía. Tanto es así que en total, de los 70.000 millones solicitados a Europa en subvenciones, el Ministerio para la Transición Ecológica consiguió hacerse con 15.339 millones de euros, el 21,95% de los fondos, divididos entre transición energética justa e inclusiva (10.756 millones) y ecosistemas resilientes e infraestructuras (4.583 millones).
La responsable de la cartera y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dijo en la presentación del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR) que el impulso a una economía verde también se iba a hacer desde otros ministerios, y por tanto, la inversión total sería de más de 28.000 millones, el 40,29%.
"La transición ecológica y las medidas de energía y clima están presentes de forma transversal en todo el plan, con especial incidencia en algunas políticas palanca", puntualizó entonces.
Nueva regulación
2021 es un año marcado también por nueva regulación, además de las rebajas fiscales. Un hito importante fue la convocatoria de dos subastas renovables que consiguieron atraer a casi 7.000 MW de capacidad, entre eólica y fotovoltaica, en enero y octubre.
Pero la noticia del año fue la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que por fin vio la luz en mayo pasado y que estableció los objetivos hasta 2030.
Para ello contó con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, algo que no puede decirse de otras normativas que no solo siguen en proceso de tramitación sino que además han abierto la caja de Pandora entre Gobierno y grandes energéticas, tanto eléctricas, como petroleras, gasistas y renovables.
Por un lado, el Proyecto de Ley para poner en marcha el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico (FNSSE), cuya intención era repartir la financiación de las primas de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), hasta ahora recogida en la factura de la luz, y hacerla extensible también a petroleras y gasistas.
Y por el otro, los polémicos 'dividendos del CO2' o más conocidos como 'beneficios caídos del cielo' (windfall profit). Un anteproyecto de Ley para acabar con la sobrerretribución de las centrales nucleares, hidroeléctricas y las eólicas más antiguas por el coste del CO2. Su objetivo era conseguir una recaudación anual de más de 1.000 millones de euros.
Ribera ha tenido que enfrentarse a la oposición de las grandes energéticas del país, y aún queda por determinar cuál será el texto definitivo que aprobarán Las Cortes.
Por último, y justo semanas antes de finalizar el año, el Gobierno anunció a bombo y platillo el PERTE ERHA (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento).
Su objetivo es movilizar una inversión total superior a 16.300 millones de euros para construir una transición energética 'designed & made in Spain', maximizando las oportunidades económicas, industriales, laborales, de innovación y de implicación de la ciudadanía y las Pymes. Permitirá crear más de 280.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos en el resto de la economía.
Pero esto será ya materia de la que se hablará a lo largo del nuevo año que empieza. Vamos allá!