Tras meses de acalorado debate, la Comisión Europea ha aprobado finalmente este miércoles incluir en la lista de inversiones verdes de la UE (o taxonomía en jerga bruselense) la construcción y mantenimiento de centrales nucleares y de plantas de gas. Bruselas considera que estas dos fuentes de energía son imprescindibles para la transición hacia la neutralidad climática -que la Unión se ha comprometido a alcanzar de aquí a 2050- y por ello deben beneficiarse de inversiones públicas y privadas en condiciones favorables. 

El Ejecutivo comunitario desoye así las protestas del Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta el último minuto presionó para intentar frenar esta decisión. De hecho, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, escribió una última carta el pasado 20 de enero en la que sostenía que "ni el gas ni la nuclear cumplen los criterios científicos y legales para ser considerados sostenibles".

Ribera alertaba en particular del problema de los residuos radioactivos y del riesgo de accidentes como los de Chernóbil o Fukushima. Sin embargo, a la carta española se sumaron únicamente tres países (Austria, Luxemburgo y Dinamarca), lo que evidencia que ahora mismo es una posición muy minoritaria en la UE.

Al final, Bruselas ha ignorado las peticiones de Ribera y ha otorgado la etiqueta 'verde' a la energía nuclear y también al gas. "Hemos concluido que hay un papel para la inversión en nuclear y gas en nuestra transición verde. Estas dos actividades energéticas actuarán como un puente hacia un sistema energético más limpio, un sistema que al final tendrá que basarse principalmente en fuentes renovables, y ese sigue siendo nuestro objetivo", explica un alto funcionario comunitario.

Las discusiones y consultas previas con los Estados miembros han sido "particularmente difíciles" por "el amplio rango de opiniones muy divergentes". La decisión ha dividido incluso al propio Ejecutivo comunitario. La taxonomía se ha aprobado por "amplia mayoría", pero tres comisarios han votado en contra: el español Josep Borrell, el austríaco Johannes Hahn y la portuguesa Elisa Ferreira, según ha desvelado Europa Press. 

En cualquier caso, Bruselas resalta que la taxonomía "no es un instrumento de política energética". Cada Estado miembro mantendrá su plena soberanía para decidir la composición de su cesta energética. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el cierre paulatino del parque nuclear español, que ahora mismo genera más del 20% de la electricidad consumida en el país, entre 2027 y 2035. Ninguna decisión de Bruselas le obligará a cambiar sus planes.

Orientar la inversión privada

De lo que se trata es de orientar la inversión privada hacia la nuclear y el gas. Y ello durante un "periodo de tiempo definido" y con condiciones "estrictas". Bruselas ha propuesto que se consideren sostenibles las inversiones en gas, siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones para 2035. En el caso de la nuclear, la fecha límite es 2040 para el alargamiento de la vida de las plantas actuales y 2045 para los reactores de tercera generación, mientras que los reactores modulares pequeños no tienen ninguna restricción temporal. Además, se exigen salvaguardas extra para la eliminación de los residuos.

Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, las centrales nucleares existentes en la UE necesitan una inversión de 50.000 millones de euros de aquí a 2030, a la que hay que sumar otros 500.000 millones de aquí a 2050 para las plantas de nueva generación. Es decir, un esfuerzo de alrededor de 20.000 millones al año. "Incluir la nuclear en la taxonomía es por tanto crucial para permitir al sector atraer todo el capital que necesitará", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una reciente entrevista a Le Journal du Dimanche.

¿Cuáles son los siguientes pasos? A partir de ahora, tanto los Gobiernos como la Eurocámara disponen de un plazo de cuatro meses (prorrogable a seis) para presentar objecciones. Al tratarse de un acto delegado, para tumbar la etiqueta 'verde' a la nuclear y el gas aprobada por la Comisión se requiere una 'supermayoría' de Estados miembros (al menos 20 de los 27 que representen como mínimo al 65% de la población de la Unión). O una mayoría de eurodiputados (al menos 353) en contra en el pleno. Unas cifras que ahora mismo son inalcanzables.

De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, el máximo defensor de la nuclear en la UE, ha conseguido fraguar una amplia coalición de Estados miembros que apoyan la nuclear, pero también el gas, y que garantizan que la propuesta de Bruselas saldrá adelante. Un grupo en el que están Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Croacia, Bulgaria, Holanda o Suecia. 

En Alemania, que hasta ahora había encabezado el frente antinuclear en la UE, el nuevo Gobierno de coalición 'semáforo' de Olaf Scholz incluye sensibilidades muy divergentes. Los verdes se oponen tanto al gas como a la nuclear, los socialdemócratas rechazan las centrales atómicas pero no el gas y los liberales no descartan a priori ninguna fuente de energía. Con esta cacofonía de voces, en Bruselas se da por descontado que Berlín se abstendrá en la votación de la taxonomía.

Una vez que concluya el periodo de escrutinio, y si ninguno de los colegisladores plantea problemas como parece seguro, la etiqueta 'verde' para las inversiones en nuclear y gas empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023.