El Consejo de Ministros ha aprobado el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania, con una amplia batería de medidas que dan de lleno al sector energético, como buscar mayor recaudación por lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo" o liquidar lo antes posible la retribución a las renovables. 

Las tres vicepresidentas del Gobierno --Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-- han sido las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto ley.

Esto incluye lo que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: el 'veto' a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible y el límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las medidas no solo afectarán al sector de hidrocarburos, sino también al gas, a la electricidad, a la industria electrointensiva, gasintensiva, a las familias vulnerables, "que a partir de ahora se llamarán 'personas convivientes'", según ha confirmado la ministra Teresa Ribera, y a las instalaciones de autoconsumo y proyectos renovables. 

Tratamiento fiscal extraordinario

Ribera ha comenzado a explicar el plan con una de las medidas estrella y que ya se conocían, la ayuda especial a los carburantes de 20 céntimos por litro, de los cuales 15 céntimos se aportará desde los presupuestos estatales y los otros 5 céntimos por las petroleras, "con excepciones a compromisos adquiridos anteriormente". 

También se alargan hasta el 30 de junio el tratamiento fiscal extraordinario de la factura de la luz. Es decir, la rebaja del 21% al 10% del IVA, la rebaja desde el 5,5% hasta el 0,5% del impuesto especial a la electricidad y la supresión del 7% del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE, este impuesto no afecta de forma directa al consumidor, sino a las centrales, a la producción de electricidad).

Otro de los aspectos que permitirá bajar la factura de la luz es la actualización del RECORE (renovables, cogeneración y residuos), un sistema de retribución a estas tecnologías que asumen todos los consumidores en sus recibos eléctricos. 

"Anticiparemos la liquidación de la retribución de las renovables porque ya está asegurada su rentabilidad, lo que supone reducir en 1.800 millones los cargos de la parte fija de la factura de la luz", ha dicho la vicepresidenta tercera. 

"La retribución que han cobrado, hasta ahora, en el mercado mayorista ha sido tan elevada que han recibido más recursos de los que deberían tener. Es justo que a partir del 1 de enero de 2023 vendan su electricidad al margen del mercado mayorista, a industrias o comercializadoras". 

Beneficios caídos del cielo

Una de las cuestiones que más polémica generó en septiembre pasado fue la minoración de la retribución de las tecnologías que no tenían que asumir el alto coste del gas. Es lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo". A partir de ahora, el Gobierno ha avisado de que "se extenderá esa regla a los nuevos contratos cuyo precio esté por encima de lo firmado en octubre pasado, es decir, entre 67 y 70 euros/MWh".

En la industria, hay buenas noticias. Por un lado, la reducción del 80% de los peajes para los electrointensivos, unos 250 millones de euros, la dotación masiva para compensar los costes indirectos al CO2, y ayudas específicas para la industria gasintensiva. 

Acelerar la transición energética

El Gobierno considera que la mejor manera para luchar contra los altos precios de la energía es apostarlo todo a la eficiencia energética, más renovables y más inteligencia en las redes. 

"Por eso, vamos a modificar y acelerar la tramitación administrativa de proyectos de hasta 75 MW eólicos y 150 MW fotovoltaicos, en suelos que no cuenten con una especial protección ambiental y cuya evacuación no esté a más de 15 km". 

También, "se modificará la Ley de Aguas para el despliegue de la fotovoltaica flotante y facilidades para el autoconsumo, con un sistema de evacuación en redes de distribución prioritaria". 

Por último, "también se acelerará la canalización de los gases renovables para sustituir el gas natural". 

Bono social y térmico

Se ampliará, además, el número de titulares que están obligados a aportar a la financiación del bono social eléctrico, tal y como se recogió en la sentencia del 31 de enero pasado del Tribunal Supremo. 

Un bono social que tendrá un cambio simbólico de terminología, pasando de "familias vulnerables" a "personas convivientes", y se aumentará la referencia para ponderar a quienes se puedan beneficiar. A partir de ahora se aumenta un 0,3 por adulto y 0,5 por niño en el Vitrem.

Se extenderá de manera automática dos años más la concesión de esa ayuda y se activará un crédito extraordinario para poderlo llevar a cabo. 

El Gobierno añade dos medidas adicionales, como la prórroga de la prohibición de aumentar en más de un 5% por trimestre la factura del gas de último recurso (TUR) y la prórroga para dar flexibilidad de los contratos de gas a la industria.