Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. El Plan "de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra", el Real Decreto-ley 6/2022, ha levantado de nuevo en armas a las eléctricas, que acusan al Gobierno de no haber contado con ellas para poner en marcha las nuevas medidas, pero también a comercializadoras de electricidad, industria gasintensiva y gasolineras.

Y lo están pese a que el Ejecutivo se reunió con ellas el pasado martes, 22 de marzo. "El sector eléctrico está sorprendido ante unas medidas no consultadas, no alineadas con las directrices europeas, y que pueden conllevar a importantes riesgos para el sector, para la reducción de la dependencia energética, y para la economía del país. Todo ello favoreciendo a los combustibles fósiles, causantes reales del problema", señalan las fuentes a EL ESPAÑOL-Invertia. 

"España vuelve a alejarse de la UE. Las medidas no están alineadas con la principal directriz de la Comisión Europea ante la crisis energética, que es la de acelerar la transición energética para reducir dependencia".

En su opinión, "se perjudica al sector eléctrico, que es quien puede hacer posible la transición energética, y concretamente a sus empresas, que han liderado la misma, y han situado a España a la cabeza de la transición".

El enfado tiene una relación directa con lo que en septiembre pasado encendió la mecha de la discordia: los 'beneficios caídos del cielo'. El Gobierno ha dicho que "se extenderá esa regla a los nuevos contratos cuyo precio esté por encima de lo firmado en octubre pasado, es decir, entre 67 y 70 euros/MWh".

Comercialización de electricidad

Las grandes eléctricas apuntan al segmento de la comercialización de electricidad como el gran perjudicado. "El establecimiento, para las tecnologías no emisoras, de un precio de venta al cliente final, y de un 'margen regulado' suponen una distorsión para la actividad de comercialización minorista. El precedente que tenemos de Reino Unido ha llevado a la quiebra a centenares de compañías". Y añaden: "Capar el margen de comercialización aboca a los consumidores a las tarifas reguladas".

Y no solo perjudica a las grandes comercializadoras que pueden llegar a acuerdos bilaterales con la generación dentro de las compañías verticalmente integradas, sino también a las comercializadoras independientes que tienen que comprar la energía en el mercado mayorista. 

"El Gobierno se ha desentendido de nosotros, e incluso nos ha puesto más trabas para sobrevivir al ampliar las garantías que tenemos que depositar para asegurar el suministro eléctrico por parte de las distribuidoras", explica Sandra Salinas, responsable del Departamento de Operación de la comercializadora Evolve Energía. 

"Al final lo que se va a conseguir es que desaparezca la competencia y que todos los consumidores terminen en la PVPC, en la tarifa regulada, a la que solo pueden darle servicio unas pocas eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol", añade.

De hecho, "eso es lo que ocurrió con las comercializadoras de gas, cuando el Gobierno aprobó limitar hasta un 5% la subida del precio del gas natural pero solo a los acogidos a la tarifa de último recurso (TUR)". Al final, "la huida del mercado libre al mercado regulado era evidente". 

La guerra entre eléctricas y gasistas se viene arrastrando desde hace una semana, por los llamados "beneficios caídos del cielo". La cuestión es quién se está beneficiando de la situación de altos precios energéticos y no la ven todos igual.

Las eléctricas aseguran que no reciben esa sobrerretribución de la generación no emisora de CO2 porque una parte importante ya está vendida en contratos bilaterales. Otro asunto es a qué precio venden esas comercializadoras la energía a sus consumidores finales. 

Gasolineros, en armas

Otro sector que está que trina es el de las estaciones de servicio. La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha pedido al Gobierno que retire la bonificación de 20 céntimos a la que podrán acceder todos los ciudadanos a partir del viernes, ya que consideran que esta medida "asfixiará" al sector.

La organización empresarial que reúne a las gasolineras automáticas y low cost justifica que los pequeños y medianos empresarios no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer este descuento, a pesar del anuncio del Gobierno de que adelantará la liquidez.

Y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido que las pequeñas y medianas estaciones de servicio carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para la industria, insuficiente

Para la patronal del sector, GasINDUSTRIAL, las medidas, siendo positivas, resultan claramente insuficientes y, además, parciales.

Las medidas no trasponen todas las herramientas disponibles para los Estados miembros comunicadas por Europa, dejando fuera a industrias esenciales que están desde hace meses gravemente afectadas por los altos precios del gas. El criterio escogido por el Gobierno resulta discriminatorio para muchas empresas, ya que no permite reflejar la realidad de algunos de los sectores gasintensivos más claramente afectados por el alza desbocada de los precios de los últimos meses.

Como positivo ve la flexibilización de contratos de suministro de gas natural, que permitirá a las industrias modular su caudal ante las volatilidades e incertidumbres del mercado. Y también se valora positivamente el acierto de la medida de los requisitos adicionales de 7,5 días de almacenamiento subterráneo, derivado de la obligación de un mantenimiento de existencias mínimas, sin sobrecoste para los consumidores.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), por su parte, quiere manifestar su descontento con la escasa ambición del paquete de medidas. El texto aprobado genera dudas relativas a su aplicación y adolece de cierta indefinición que crea incertidumbre en las empresas en un momento en el que la economía necesita todo lo contrario.

“En el sector esperábamos una respuesta más contundente y con más medidas que han quedado en el tintero, como la rebaja de peajes del gas, eliminación de impuestos en hidrocarburos o moratorias de pagos para empresas afectadas por la crisis energética, todas ellas medidas encaminadas a dar liquidez a las empresas y poder mantener así la producción y el empleo” apunta Alberto Echavarría, secretario general de ASCER.

El único sector que se ha mostrado contento es el del papel. Según su patronal, ASPAPEL, las medidas son un primer paso bienvenido para paliar la grave situación en que se encuentran las industrias electrointensivas y gasintensivas debido a la escalada de los costes energéticos.

Se trata de medidas absolutamente necesarias para la industria papelera en el actual escenario, con muchas de las fábricas considerando paradas o negociando con los sindicatos eventuales ERTES. Y anima al Gobierno a completar lo aprobado con medidas definitivas de impacto para el desacoplamiento del mercado eléctrico y la compensación a los gasintensivos.