Ya se conocen los detalles del mecanismo que acaba de aprobar el Gobierno para limitar el precio del gas para el mercado eléctrico, conocido como 'excepción ibérica'. Especialmente el tan esperado: ¿cómo se va a pagar la diferencia entre lo que cuesta el gas en el mercado europeo y el tope al que se puede ofertar en España y Portugal?
Según el borrador del Real Decreto que saldrá publicado -previsiblemente- este sábado en el BOE y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, serán las comercializadoras de electricidad con contratos indexados al mercado eléctrico diario, como es el caso de la tarifa regulada o PVPC, las que incorporen ese coste en las facturas de la luz de sus clientes.
Es decir, que la compensación por el tope del gas la tendrán que abonar los clientes con tarifa regulada e indexados al mercado mayorista diario. Independientemente de si se trata de hogares, empresas o industrias.
Aún así, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que la medida, en general, tiene como finalidad "reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos". Una decisión complementaria a la minoración del gas, porque si el precio de casación en el mercado eléctrico ya no es tan alto, también cae la retribución que perciben.
El objetivo es que el precio del gas, que actualmente supera los 110 euros/MWh, no pueda ofertar más de 40 euros/MWh, durante los primeros seis meses, y luego, hasta finalizar el plazo de un año, subirá 5 euros/MWh.
Esto significa que si el precio del mercado mayorista está cerrando a más de 200 euros/MWh, bajará hasta los 120-130 euros/MWh. Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, la cogeneración y las plantas de carbón seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico.
Ribera ha dicho también que la medida entrará en vigor a la espera de que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma, lo que podría retrasarse hasta "unas dos semanas". La medida supondrá una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos y para el 70% para los industriales.
Burocracia
"Es un trámite meramente burocrático, porque Bruselas ya conoce el texto definitivo desde hace unos días, pese a que el diseño del mecanismo ha evolucionado con el proceso de negociación con la Comisión Europea y Portugal", han dicho fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica en un encuentro posterior con los medios.
Gracias a esta medida el precio del 'pool' caerá en torno a un 38% en su precio promedio, desde los 210 euros por megavatio hora (MWh) marcados a lo largo del primer trimestre de este año hasta unos 130 euros/MWh. De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.
La medida ayudará así a contener la escalada de precios y la inflación y, sobre todo, ejercerá de cortafuegos ante la volatilidad de los precios del gas derivada de la guerra en Ucrania. También facilitará también la reforma de la tarifa regulada -el denominado PVPC-, incorporando referencias de precios de los mercados de futuros.
La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo de esta medida, además de parar la volatilidad y los precios altos de la luz, es acabar con los llamados "beneficios caídos del cielo de las eléctricas".
Beneficios caídos del cielo
Para poder aplicar de manera correcta esta medida, las compañías eléctricas deberán aportar la información "detallada" de sus contratos 'retail', "no los que firman con su comercializadora, sino los contratos reales que pagan los consumidores", para controlar que ese volumen de "beneficios deja de ser pagado por los consumidores".
"Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios", ha recalcado. En este sentido, ha lamentado que las eléctricas no hayan tenido "un comportamiento más acorde a la situación del momento" haciendo unas ofertas en el mercado libre "más ajustadas a las necesidades de los hogares o de los industriales".
Desde la entrada en vigor del Real Decreto ley, que no la aplicación del mecanismo, las comercializadoras contarán con un plazo de cinco días para ofrecer una "foto fija" de cuál es su demanda del mercado expuesto al mercado 'spot' y que parte tiene a coberturas o contratos fijos.
Posteriormente, habrá otro plazo de siete días para que el operador del mercado y del sistema ponga en práctica los procedimientos y los sistemas para la aplicación del mecanismo.
Más electricidad a Francia
La medida también tiene otra consecuencia directa: se multiplicarán las exportaciones de electricidad de España a Francia. Las interconexiones tendrán saldo netamente exportador.
No hay más que ver los futuros de ambos países para confirmar este dato. Mientras que en Francia los precios oscilan alrededor de los 500 euros/MWh, en España se han desplomado hasta los 140 euros/MWh.
Y el Gobierno quiere aprovechar las rentas de congestión adicionales que se van a crear en frontera por esa mayor demanda gala por reducir el impacto de la compensación del tope al gas.
Esta medida permitirá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la Península Ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo.
Modificar el PVPC
Por último, la gran novedad del Real Decreto ley es que Europa pide modificar, en un plazo hasta octubre, la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario.
De este modo se combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023, informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
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