El sector energético se prepara para dos nuevos impuestos. Por un lado, el largamente tramitado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el otro, guardado en el cajón desde hace un año, para acabar con la sobrerretribución de las centrales nucleares, hidroeléctricas y las eólicas más antiguas por el coste del CO2.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ambas propuestas legislativas han contado con la mayoría de los grupos parlamentarios en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y se aprobarán, salvo sorpresas de última hora, el próximo 28 de junio. Es la guinda a la guerra que mantienen desde hace meses el Gobierno y las grandes eléctricas, petroleras y gasistas. Tanto unas como otras advierten que se está interviniendo el mercado, y anuncian que esto tendrá como consecuencia un aumento de los precios finales de la energía para los consumidores.
"La medida se superpone con otras medidas que ha venido adoptando el Gobierno para limitar los ingresos máximos de las centrales no emisoras", señalan fuentes del sector eléctrico a este diario.
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"Todo ello muestra un conjunto de medidas que no abordan el origen del problema que no es otro que el incremento del precio del gas originado por la invasión de Ucrania y la dependencia de la Unión Europea del gas ruso. Con ello, la generación hidráulica y nuclear tendría un marco cuasi-regulado, orientado a limitar los ingresos máximos, pero sin limitar los ingresos mínimos. En este contexto, la generación nuclear e hidráulica entra en riesgo de inviabilidad".
FNSSE
El borrador del FNSSE o fondo 'verde' se presentó en diciembre pasado. Se quería crear un fondo para repartir los costes de las renovables (que hasta ahora se pagan en la factura de la luz) entre los suministradores de electricidad, combustibles fósiles y consumidores directos.
Para la Asociación Española del Gas, Sedigas, esto su pone unas consecuencias negativas y lamenta que su potencial aprobación se produzca de forma acelerada en una coyuntura energética extraordinariamente compleja y de implicaciones aun inciertas.
"La iniciativa resulta ahora especialmente inexplicable e inoportuna y apela a los grupos políticos que participan en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a replantearse la idoneidad de su tramitación parlamentaria".
"Supone un agravio territorial en detrimento de las zonas más despobladas, es particularmente lesivo para los consumidores más vulnerables, y perjudica a la competitividad del sector industrial español ".
Además, "ignora y pone en peligro la contribución que, desde hace años, el sector gasista aporta a la consecución de los objetivos de descarbonización". Por otro lado, "es una herramienta que se centra exclusivamente en la electrificación y en la reducción de la factura de la luz, obviando los retos de la transición energética y simplemente traspasando costes del sector eléctrico a otros sectores energéticos".
Dividendos al CO2
El otro impuesto, que ya se había presentado hacía un año, apunta directamente a la línea de flotación de las cuentas de resultados de las eléctricas. El anteproyecto de Ley, que ha conseguido aprobarse en la Comisión para la Transición Ecológica del Congeso de los Diputados, se conoce popularmente como "windfall profit" o "beneficios caídos del cielo".
Se va a aplicar a las plantas exclusivamente que estaban funcionando antes de 2003, que fue cuando se puso en marcha el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea (ETS EU). Esto significa que el recorte afecta directamente a los ingresos de las grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y Acciona. Son las propietarias de las centrales nucleares y de prácticamente toda la potencia instalada de gran hidráulica en España.
A estas centrales se les aplicará un coeficiente reductor de ingresos, que tendrán que devolver trimestralmente. El coeficiente dependerá de factores como las emisiones que se estén haciendo en cada momento, qué tipo de centrales están funcionando, y el precio del CO2, entre otras cosas, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los titulares de centrales no emisoras anteriores a 2003 tendrán que soportar un nuevo coste adicional, que puede llegar a generar incluso ingreso neto negativo (situaciones de bajos precios de mercado, baja demanda o elevada producción renovable).
El efecto inmediato de este Proyecto de Ley es que encarece el coste de producción de las centrales inframarginales no emisoras, además con un cargo que es variable en función de la cotización del derecho de CO2 en cada mes.
Según fuentes del sector eléctrico, con esta medida, aunque "las instalaciones afectadas no podrán evitar el incremento de coste, sí podrán adoptar coberturas en el mercado para evitar la volatilidad del cargo. De esta manera, podrían tratar de mantener una oferta a previo “estable”, pero siempre a un precio muy superior al actual".
Efectos en el consumidor
Esta medida tendrá efectos negativos sobre los consumidores finales, aseguran las mismas fuentes.
"Encarece el coste total de suministro eléctrico: al restar competitividad a las centrales no emisoras, éstas podrían ser sustituidas por centrales con costes variables mayores, incrementando el coste medio del sistema".
"Reduce el incentivo a contratar energía a plazo en perjuicio de los consumidores: las empresas titulares de centrales anteriores a 2003 (más del 30% de la generación nacional) van a ver minorada su retribución en una cantidad variable y no previsible, ya que dependerá del precio del CO2 del momento. En esta situación de incertidumbre, la decisión racional es ofertar menos cantidad que la esperada, reservando el resto de la energía al mercado spot".
"Los generadores afectados no podrán firmar contratos de forma simple a precios fijos (el nuevo coste es impredecible, depende de la cotización del CO2). Para firmar contactos a precio fijo deberán comprar derechos de emisión en el momento en los formalizan y así, no estar expuestos a futuras variaciones en el precio del CO2. Esto incentiva la compra de derechos por unos 21,3 millones de toneladas de CO2, un 30% más que las subastas actuales".