Los ministros de Energía de los Veintisiete han aprobado este martes una versión descafeinada del reglamento propuesto por Bruselas que obliga a recortar un 15% el consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 con el fin de resistir un invierno sin gas ruso. La norma ha sido respaldada por un "consenso aplastante": sólo Hungría ha expresado su oposición, según explican fuentes diplomáticas.

El acuerdo ha sido posible gracias a la multitud de derogaciones que se han incluido en la norma con el fin de acomodar a todos los países críticos con el plan original del equipo de Ursula von der Leyen, entre ellos España. Una vez aplicadas, el recorte exigido a España se suaviza hasta el 7%. Esta larga lista de excepciones pone en peligro la eficacia de la norma.

Con este pacto de mínimos, la UE pretende recomponer la unidad perdida frente a la presión energética de Vladímir Putin. Al rápido acuerdo (que se ha logrado en un tiempo récord de 6 días) ha contribuido además el anuncio por parte de Gazprom de un nuevo recorte del flujo de gas hacia Alemania a un 20% de la capacidad total del gaseoducto Nord Stream 1.

"El invierno se acerca y no sabemos cómo de frío será. Lo que sí sabemos seguro es que Putin seguirá con sus juegos y chantajeando con el suministro de gas. Es algo para lo que debemos preparar y proteger a nuestros hogares y empresas. Tenemos que asumir el control del juego y reducir nuestra dependencia de Rusia lo antes posible", ha dicho el viceprimer ministro checo y responsable de Energía, Jozef Síkela, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

El nuevo reglamento establece que los países con baja capacidad de interconexión con el resto de Europa, como España y Portugal, se beneficiarán de un menor recorte de gas. A cambio, tendrán que facilitar el uso de las infraestructuras existentes al máximo de su capacidad, ya sea tuberías o terminales de gas natural licuado (GNL), para salir al rescate de socios en apuros, como Alemania. 

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Una solidaridad alternativa que ha convencido a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para levantar su oposición radical a la norma. "España es hoy el puerto de entrada más importante de la UE en gas natural licuado. España reexporta el 20% del gas que importa y estamos en condiciones de fortalecer esas capacidades", ha presumido.

Ribera asegura que no habrá ningún racionamiento para los hogares (aunque sí un plan para fomentar el ahorro energético) y que los recortes para la industria se basarán en acuerdos voluntarios.

El reglamento contempla además otra derogación para industrias críticas altamente dependientes del gas. También se libran de los recortes los Estados isla que no tienen ninguna interconexión de gas, como Irlanda, Malta o Chipre; así como los países Bálticos si Rusia les desconecta de su red de electricidad, a la que ahora están vinculados.

Además, hay otra excepción para los Estados miembros que no hayan alcanzado el objetivo de llenar al 80% sus depósitos de gas. Y otra más para los países altamente dependientes del gas para generar electricidad, que sólo se activa en caso de crisis eléctrica.

Alemania, el principal beneficiario del rescate energético de la UE, avisa de que la gran cantidad de derogaciones podría ralentizar la reacción a un corte total de suministro por parte de Rusia. "El problema que puede plantearse es que todas las excepciones causen demasiada burocracia y que seamos demasiado lentos en tiempos de crisis", ha dicho su vicecanciller, el verde Robert Habeck.

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Pese a ello, Habeck considera que las excepciones son "razonables" y que el acuerdo constituye "un paso muy importante". "Muestra que Europa se mantiene unida. Y en el día en que los flujos de gas de Nord Stream 1 se reducen otro 20%, manda una señal fuerte a Putin y a Rusia de que no nos dividirá", sostiene el vicecanciller.

El ministro de Energía de Irlanda, Eamon Ryan, admite que el recorte del 15% en el consumo de gas (que además queda considerablemente descafeinado con todas las derogaciones) "probablemente no será suficiente" para sobrevivir al invierno. "Pero es mejor que no tenerlo, y la señal que envía también es importante para nuestros ciudadanos y el resto del mundo", ha defendido.

Al margen de las derogaciones y las exenciones, los Gobiernos se han puesto de acuerdo para denegar a la Comisión los nuevos poderes que pretendía arrogarse en materia energética. La última palabra a la hora de decretar una alerta y convertir en obligatorios los recortes de gas no la tendrá el Ejecutivo comunitario (como preveía la propuesta original), sino los Gobiernos, que decidirán por mayoría cualificada. 

La Comisión se limitará a presentar la propuesta de alerta, aunque también pueden hacerlo 5 Estados miembros. El reglamento sólo estará en vigor un año y no dos como pretendía el equipo de Von der Leyen.