Juristas dan la razón a Madrid: el decreto energético del Gobierno invade competencias de las CCAA

Según indican varios juristas a EL ESPAÑOL-Invertia, la invasión de competencias de las autonomías por parte del Estado sí que se produciría. O, al menos, hay indicios de sería así. Pero no por el área energética, si no por otras como el comercio.

Juan Martínez Calvo, abogado especializado en el sector energético y socio en Simmons & Simmons, avisa de que el paquete de ahorro energético afecta a varias áreas competenciales. "No solo es energía, es ordenación del comercio, del consumo, del urbanismo… En realidad, no es un tema de ordenación energética". Por ello, considera: "sí, hay margen de discusión" en cuestión competencial.

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En la misma línea se posiciona el abogado experto en el sector energético José Luis Casajuana, del despacho JL Casajuana Abogados. "Parece claro que la norma del Estado invade competencias de las comunidades autónomas". Por ejemplo en el ámbito del comercio minorista.

En cualquier caso, Juan Martínez Calvo avisa de que "es posible recurrir el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, pero no incumplirlo". "Por principio general, las normas son vinculantes mientras los tribunales no las invaliden", añade Casajuana.

De hecho, para no obedecer la norma, las regiones "deberían conseguir la suspensión del real decreto-ley por parte de un tribunal, y en este caso, debería ser el Tribunal Supremo en principio", añade Martínez Calvo. 

Sin embargo, agosto es un mes inhábil para todas las actuaciones judiciales, salvo en caso de urgencia. "Ahora no se actúa salvo para defender derechos fundamentales constitucionales". Por ello, "podrían plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional pero a efectos de plazos es lo mismo". 

El comercio, competencia autonómica

Las comunidades autónomas tienen, según las materias, competencias legislativas y ejecutivas. Y entre ellas se incluye el comercio, además de cuestiones relacionadas con el medioambiente, la política económica y la protección de los consumidores.

"Por eso es complicado decir si el real decreto-ley invade competencias, porque estas cuestiones siempre son espinosas", continúa el letrado Martínez Calvo.

En opinión de Casajuana, "lo más destacable en este caso es que el Gobierno pretende que los gobiernos autonómicos vigilen el cumplimiento del real decreto-ley y que sancionen las infracciones. Es ahí donde me temo que algunas autonomías no van a colaborar".

La Confederación Española de Comercio (CEC) ya ha pedido la revisión de la normativa aprobada por el Consejo de Ministros. Considera que el plan no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de establecimientos y las zonas geográficas en la que se pueden ubicar.

Además, según su punto de vista, adecuar los umbrales de temperatura durante el desarrollo de la actividad comercial depende de varios factores. Requiere tener en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado.

También contempla medidas que obligan a gastos extraordinarios para el comercio "en plazo muy reducido", como nuevas herramientas de control e información a los consumidores.

Madrid, la más combativa

Para la consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, si cabe un recurso de inconstitucionalidad al considerar que se están "poniendo en cuestión las competencias propias" de las regiones, en concreto, las ligadas al comercio.

También la Generalitat de Catalunya ve "inseguridad jurídica" en la norma. El secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, ha pedido "retrasar la entrada en vigor" de la misma. 

"No hay duda de que el real decreto-ley traerá cola, pero no creo que haya ninguna resolución judicial hasta mediados de otoño", añade, en cualquier caso, el abogado Martínez Calvo. El proceso "no va a ser tan rápido como en el caso del estado de alarma, cuando había un derecho fundamental implicado".

Pese a las polémicas que lo rodean, el paquete energético del Gobierno está en aplicación. Las primeras medidas que contiene, como regular la temperatura de los locales y apagar luces y escaparates a las 22 horas, entran en vigor este miércoles, 10 de agosto. 

Edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús) y espacios culturales y hoteles serán los primeros en poner en marcha el plan de ahorro energético del Gobierno.

Voluntad de cumplimiento

En esta línea, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido este martes en que "no creo que haya una voluntad de insumisión generalizada de incumplir las normas".

Además, ha afirmado que "en principio" las comunidades autónomas deberían de contar con los equipos que vigilen el cumplimiento del decreto.

"Estoy segura de que todos vamos a hacer un esfuerzo", ha afirmado Ribera, quien ha señalado, no obstante, que se trata de un proceso en el que "lo importante no es sancionar, sino encauzar esa voluntad de aportar al esfuerzo colectivo".

"No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha explicado.

No obstante, ha advertido de que "si pasa el tiempo y aquí no pasa nada", habría que pensar "obviamente" cuáles son los recursos y "probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias" si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma.