"Este Consejo Europeo será difícil, será complejo porque hay diferentes sensibilidades y distintas opiniones", admite el presidente Charles Michel. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 inician este jueves su tradicional cumbre de otoño con la crisis energética como principal plato en el menú. Los diplomáticos bruselenses se preparan ya para una noche en blanco de negociaciones acaloradas por las fuertes divisiones entre los Estados miembros sobre cuáles son las mejores recetas para frenar la actual espiral de precios desorbitados.
Una amplia mayoría de países (entre ellos España, Italia y Francia, pero también Suecia) apoya que la UE imponga un tope general al precio del gas importado, convencidos de que esta medida se traducirá en una rebaja inmediata en la factura de la luz. En el extremo contrario, Alemania y Holanda se atrincheran en su rechazo a este precio máximo, con el argumento de que pondrá en riesgo la seguridad de suministro. A este grupo se suma ahora la Hungría de Viktor Orbán, que alega que esta medida equivaldría a un embargo al gas ruso.
Pese a esta enorme fractura, los líderes europeos pretenden escenificar algún tipo de acuerdo de mínimos que evite cualquier signo de debilidad frente al "chantaje energético" de Vladímir Putin. "La situación a la que se enfrentan todos los miembros del Consejo Europeo es demasiado grave como para perderse en debates emocionales. Habrá una discusión muy seria", explica un alto diplomático europeo.
La base sobre la que discutirán los jefes de Estado y de Gobierno es el borrador del reglamento presentado esta semana por la Comisión de Ursula von der Leyen. Una norma que consta de tres pilares. En primer lugar, la compra conjunta obligatoria de al menos el 15% del gas para almacenamiento. Además, establece una solidaridad jurídicamente vinculante entre los Estados miembros en caso de problemas de suministro.
Pero sin duda el elemento más polémico y que genera un mayor disenso entre los Estados miembros es el establecimiento de un tope temporal -estará vigente hasta abril- y flexible al precio del gas. Una medida que pretende "controlar la volatilidad del índice TTF (al que están referenciados la mayoría de los contratos) y para combatir la manipulación del mercado del gas por parte de Rusia", explica la presidenta.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su rueda de prensa de este miércoles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que las propuestas de Von der Leyen son un paso en la buena dirección (sobre todo porque al tratarse de un reglamento se aplicarán de forma inmediata), aunque hubiera preferido medidas más ambiciosas.
En particular, Sánchez defenderá en el Consejo Europeo ampliar la 'excepción ibérica' al resto de la UE. Un mecanismo con el que ningún país sale perdiendo y que podría 'europeizarse' de forma rápida, de aquí a fin de año, según explican fuentes gubernamentales. Bruselas lo sigue estudiando pero de momento no ha presentado propuesta legislativa sobre esta cuestión.
En el otro bando, tanto Alemania como Holanda aceptan que las propuestas de Von der Leyen son una "base adecuada para seguir trabajando", pero mantienen su rechazo a algunos elementos, en particular el tope al gas. En su lugar, el Gobierno de Olaf Scholz apuesta por centrarse únicamente en las compras conjuntas, el recorte del consumo y el impulso a las renovables.
Por su parte, el Gobierno holandés sostiene que su oposición no es ideológica, pero insiste en que no hay ninguna necesidad de un tope de precios que apenas estará en vigor cinco meses. Los precios del gas se han estabilizado en los últimos días y no se esperan nuevos picos durante el invierno porque los depósitos de la UE están llenos casi al 100%. Hasta la primavera de 2023 no volverá a haber problemas.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una cumbre de la UE en Bruselas
El primer ministro, Mark Rutte, sostiene que no hay garantías de que el tope al precio del gas vaya a rebajar los precios. Al contrario, existe el riesgo claro de que esta medida ponga en riesgo la seguridad de suministro, ya que los metaneros que transportan el gas natural licuado podrían redirigirse a China en lugar de a la UE. Además, esta solución hará que las empresas energéticas lleven a Bruselas a los tribunales.
Rutte se opone también a 'europeizar' la excepción ibérica. Admite que es un modelo que funciona bien en la Península Ibérica porque no está bien interconectada y las renovables tienen mucho peso en la generación de electricidad. Pero alega que este mecanismo no funcionaría en Holanda porque el 80% de la electricidad se produce con gas. Además, se produciría una fuga masiva de electricidad barata a países extracomunitarios como Reino Unido o Noruega, que sí están conectados con la UE.
El húngaro Viktor Orbán, de los pocos aliados que le quedan a Putin dentro de la UE, es un caso aparte que dice 'no' a todo lo que plantea Von der Leyen. "El último plan de Bruselas sobre la adquisición conjunta de gas me recuerda a la época en la que compramos vacunas juntos. Lento y caro. Espero un fuerte debate en el Consejo Europeo", ha escrito en su cuenta de Twitter.
El primer ministro húngaro también se opone al tope al gas por considerar que "equivale a un embargo" contra Rusia. "Las sanciones fallidas de Bruselas (contra Rusia) ya son una carga insoportable para las familias húngaras", ha explicado el portavoz de Orbán.