"La continuación de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y su uso de los recursos energéticos como arma está teniendo graves efectos en la economía de Europa. Todos los hogares y empresas comunitarios se enfrentan a aumentos extraordinarios de los costes energéticos".

Este es el argumento central que esgrime la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, para autorizar a los Estados miembros a seguir dando ayudas públicas nacionales masivas a las compañías más golpeadas por la crisis.

El Ejecutivo comunitario ha decidido este viernes prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el marco temporal de crisis que se aprobó el pasado 23 de marzo (tras el estallido del conflicto), que en principio debía caducar a finales de este año.

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Al mismo tiempo, Bruselas aumenta los límites máximos de ayudas nacionales permitidos hasta 250.000 euros para empresas activas en el sector de la agricultura (en lugar de 62.000 como hasta ahora) y hasta 300.000 para las compañías de pesca y acuicultura (en lugar de 75.000). En todos los demás sectores, el tope de subvención por empresa se multiplica por cuatro (de 500.000 a 2 millones de euros).

La otra gran novedad de la reforma aprobada este viernes es que permite a los Estados miembros proporcionar avales públicos (con una cobertura de hasta el 90%) a las empresas energéticas golpeadas por la elevada volatilidad de precios. Unos avales que las compañías podrán usar como colateral para tener acceso constante a liquidez.

El nuevo marco temporal de crisis aumenta la flexibilidad y las posibilidades de apoyo para las empresas afectadas por los crecientes costes de la energía. Los Estados miembros podrán calcular las subvenciones sobre la base de ya sea el consumo pasado o presente, pero deberán mantener los incentivos para reducir el consumo de energía.

Para las compañías que reciban grandes cantidades de ayuda, Bruselas exige que se comprometan en una senda de reducción de su huella de carbono y apliquen medidas de ahorro energético. En caso de recapitalización, los beneficiarios deberán remunerar adecuadamente al Estado y no podrán pagar bonos ni dividendos ni comprar otras empresas.

Vestager sostiene que esta reforma protege la igualdad de condiciones de competencia en el mercado único. "Debemos superar la crisis juntos y evitar cualquier apoyo a empresas que no lo necesiten o que amenace con fragmentar el mercado único", asegura la vicepresidenta. Sin embargo, la Comisión todavía no ha aclarado cómo va a controlar que el plan de ayudas masivas de 200.000 millones de euros de Alemania (que ha causado alarma entre el resto de socios) se ajuste a estos criterios.