Cuando entró en vigor en junio del año pasado, se preveía que un tope de 40 euros/MWh durante los primeros seis meses que subiría cinco euros cada mes hasta cumplir un año. Sin embargo, de alargarse esta medida, Bruselas pretende que ese techo ronde entre los 50 y 70 euros/MWh. 

"Europa entiende que España y Portugal quieran prorrogar ese tope al gas, pero por otro lado, quiere incentivar el ahorro. Esa es la única solución para hacer frente a la crisis energética", ha explicado Javier Revuelta, Senior Principal en Afry Management Consulting, en la jornada 'Qué esperar del mercado eléctrico español en el medio plazo', organizado por ACENEL (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica).

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Y es que "el precio no lo marca ni el gas, ni las renovables, ni la hidráulica, lo marca el diseño del RDL 17/2021, que minora ingresos a algunas renovables a final de mes, no todas, y que quita ingresos a diversos agentes, aunque los devuelve vía reducción de cargos (parte regulada de la factura)".

Reforma del mercado eléctrico

La vigencia del tope al gas está relacionada con la reforma del mercado eléctrico europeo, y la propuesta presentada por España ha levantado muchas ampollas en el sector. "Quedan muchos detalles por definir porque no aclara el mix de capacidad futuro y los precios de la energía", añade Revuelta durante su intervención en la jornada de ACENEL.

Precisamente en el mismo día se organizaba el Observatorio sobre Derecho de la Energía del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) donde se ha destacado que "el resultado de las medidas de intervención con el mecanismo ibérico, demuestran que se ha aumentado el consumo de gas y de emisiones". Además de "un mayor coste para los consumidores que tenían tarifa fija y que han tenido que pagar el sobre coste que ha supuesto el cap del gas".

También han analizado la propuesta de diseño de la propuesta española de reforma del mercado eléctrico europeo. Se ha pedido que el nuevo diseño se realice con pleno respeto a las libertades fundamentales de los tratados y a los principios básicos del derecho de la Unión y no suponga una desregulación del mercado interior de la energía.

Para la patronal de las grandes eléctricas, AELEC, es esencial que esta propuesta contribuya a impulsar la inversión en tecnologías limpias y garantizar la confianza de los inversores.

Según su presidenta, Marina Serrano, "la propuesta española parte de premisas erróneas. Se basa en un supuesto fallo del mercado y en los llamados beneficios caídos del cielo, pese a que se ha demostrado que más del 70% de electricidad que se ha vendido se ha hecho por debajo del pull".

A pesar de que el nuevo diseño debería construirse bajo estas premisas, los expertos del sector han señalado que existe una honda preocupación acerca de las barreras que puede erigir esta nueva regulación y que supondría poner en peligro las nuevas inversiones sostenibles.

Intervencionismo del Estado

Por su parte, el experto en mercados energéticos y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, ha dicho que "la propuesta corre el riesgo de aumentar los costes y los precios al eliminar el mercado y la competencia".

"Y ello porque prevé un modelo disgregado en el que cada regulador nacional fija las condiciones del precio y la planificación energética, de forma similar a como se actuaba en el siglo pasado antes del ingreso en la Unión Europea. Si algo ha puesto de manifiesto el mercado es que permite incentivar las inversiones en renovables permitiendo con ello que el precio que se ofrece a los consumidores sea más competitivo".

Además, las principales deficiencias de la propuesta española derivan de que permita a los Estados intervenir y fijar los precios regulados a la generación existente, así como imponer la obligatoriedad de los contratos por diferencia (CfD).

En su opinión, estas medidas crean un marco de incertidumbre para las inversiones basadas en un precio de mercado, poniendo en riesgo su realización, puesto que las decisiones quedarían en manos del regulador. Además, la incertidumbre asociada al nuevo diseño del mercado retrasará las inversiones en el corto plazo, que son críticas para reducir la dependencia del gas y mitigar la crisis actual.

Para Miguel Arias Cañete, excomisario de Energía y Clima de la Comisión Europea, "si se fragmenta el mercado con esta propuesta de diseño del mercado eléctrico, cabe la posibilidad de que se pierda inversión privada, ya que los inversores no conocen barreras. Y esto es trágico porque no alcanzaríamos los objetivos europeos".

Todos han coincidido en que cualquier paso hacia la intervención de los mercados - con precios fijados por los gobiernos o los reguladores- frenará la innovación, desincentivará la eficiencia energética, conducirá a precios más altos y no atraerá inversiones, como era el caso antes de la liberalización.